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Luego de que Maduro llamara a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo declarado de cambiar la Constitución del país, la oposición venezolana realizó el domingo pasado un referendo en el que 7.5 millones de venezolanos se manifestaron en contra del gobierno.
El proceso, que también incluyó el voto de venezolanos en más de 500 ciudades en el extranjero, se llevó a cabo luego de más de 100 días de protestas, casi 100 muertos y centenares de heridos y detenidos, en un país desgarrado por una profunda crisis social, económica y política.
La consulta se realizó sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y no es reconocido por el Poder Ejecutivo, que calificó la convocatoria como anticonstitucional y como una “consulta interna de los partidos de oposición”. Si bien entonces el plebiscito no tiene validez jurídica, la oposición logró enviar un claro mensaje al gobierno y al mundo de que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio, y mostró unidad, sentido de la responsabilidad y capacidad de organización y movilización.
El lunes la oposición dio por iniciada la “hora cero”, una escalada de desobediencia institucional que buscará frenar la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro. Han planteado al gobierno dos opciones: abrir un proceso de negociación a cambio del retiro de la convocatoria a la Constituyente o la escalada del conflicto y protestas. El miércoles la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se comprometió a conformar un gobierno de unión nacional con el objetivo alcanzar justicia social, atacar la crisis humanitaria, el problema de la inseguridad y garantizar la gobernabilidad del país en caso de que se logre la salida del presidente del poder. Ayer se llevó a cabo un paro cívico nacional de 24hrs, y hoy se espera el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
A tan sólo una semana de la elección de la Asamblea, las acciones tanto de la oposición como de la comunidad internacional se volverán claves. Los primeros deberán continuar mostrando unidad entre sus filas, tomando acciones concretas que hagan eco de los resultados del plebiscito y ayuden a masificar la protesta. Una organizada y fuerte presión opositora sería un factor que podría llevar a lo que algunos expertos habían calificado como el escenario ‘ideal’ de salida del conflicto: una división dentro del círculo cercano a Maduro, con elementos de las fuerzas armadas y de las elites del sector privado, dispuestos a negociar una transición planificada que les ofrezca algún tipo de protección.
El segundo factor fundamental para forzar este ‘escenario ideal’ sería una comunidad internacional que, a través de acciones y sanciones concretas, ejerza una exitosa e incremental presión sobre el régimen de Maduro.
Como ha quedado evidenciado en los últimos acontecimientos, la Organización de Estados Americanos (OEA) no pareciera ser el organismo más adecuado para liderar el embate. Más allá del rol activo que ha tenido el Secretario General Luis Almagro, la OEA no ha logrado hasta el momento aprobar un plan para enfrentar esta crisis, con el último revés sufrido a finales del mes pasado en Cancún gracias al voto en contra o la abstención de 13 países en su mayoría caribeños y receptores de petróleo venezolano en condiciones preferenciales.
Sin embargo, luego del plebiscito del domingo la presión internacional se ha incrementado. EE.UU. amenazó con “fuertes y prontas” sanciones contra Venezuela si el gobierno decide seguir adelante con la convocatoria a la Asamblea, sanciones que podrían incluir una amplia gama de opciones avaladas por una serie de leyes aprobadas en los últimos años por el Congreso norteamericano. Esta declaración marca un corolario con respecto a las acciones que venían llevando adelante la administración Trump, habiendo organizado en mayo las primeras consultas del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis venezolana y solicitando desde entonces una acción internacional para abordar el tema dentro del ámbito de Naciones Unidas. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, instó a suspender las elecciones del 30 de julio, al igual que varios ex presidentes de la región como Laura Chinchilla, de Costa Rica y el mexicano Vicente Fox, declarado persona no grata por el gobierno venezolano.
Desde la región, hoy en el cierre de la cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, Macri hizo un llamamiento a la paz, a la libertad de los presos políticos y a la pronta adopción de un calendario electoral en Venezuela, y puso el bloque a disposición para mediar en un proceso de diálogo. Es probable que la declaración final del encuentro contenga una clara advertencia: podría el Mercosur suspender de forma permanente a Venezuela de todos sus órganos de no cancelar las elecciones para la Asamblea Constituyente.
Como dijo ayer María Corina Machado en videoconferencia con el CSIS (Center for Strategic and International Studies): “El movimiento puesto en marcha por el pueblo venezolano tiene que ver con el hambre, con la falta de alimentos, de recursos, de medicamentos…Pero también tiene que ver con nuestros valores. Y eso, lo hace un movimiento imparable”. Repasando los acontecimientos de esta última semana, dos de los actores claves en el desenlace de la crisis, oposición y comunidad internacional, han demostrado un claro y fuerte compromiso a acompañar e impulsar este movimiento del pueblo venezolano. A 9 días de las elecciones para la Asamblea, cabe esperar que este apoyo se consolide y se haga sentir entre las filas de Maduro.