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Por Bárbara Ojeda
La toma de tierras es una manera precaria de acceder al suelo urbano y periurbano en la que se ven involucrados los sectores más vulnerables. Esto sucede porque muchas de las familias que viven en villas y asentamientos se ven expulsadas por el agudo déficit habitacional que tienen sus viviendas. Las duras condiciones de hacinamiento, la incapacidad de acceder a servicios básicos, junto con la imposibilidad de adentrarse al mercado formal de la vivienda, ya que en los barrios populares los alquileres suelen ser informales, conduce a las familias a crear mecanismos ilegales de acceso a la tierra, como la toma de terrenos, los cuales se dan con frecuencia en zonas periféricas cercanas a arroyos contaminados, quedando sujetos a riesgos ambientales. De esta manera, de la problemática sobre la toma de tierras subyace el déficit habitacional como dilema de fondo.
Según el último Censo (2010) en Argentina, el hacinamiento familiar, el cual ocurre cuando hay hogares que comparten vivienda con otro hogar, se duplicó con respecto al censo del 2001, pasando de un 6,5% a un 12%. Cabe aclarar que, si bien hay un 17,6% del total de los hogares que se encuentran en situaciones deficitarias, el 78% de ellas son viviendas recuperables y el 22%, viviendas irrecuperables. Es decir que, si bien el porcentaje de hogares que tienen déficit habitacional es significativo, hay un gran porcentaje de viviendas que se pueden recuperar si se toman las medidas correspondientes para dar solución al problema.
Sin embargo, frente a la persistencia de un número importante de hogares que se enfrentan al problema del déficit habitacional en sus viviendas, desde el Estado no parece haber políticas públicas concretas abocadas a solucionarlo. Una de las causas del aumento del hacinamiento familiar se produce porque en los últimos años hubo un gran crecimiento del mercado inmobiliario y de la construcción, lo que trae aparejado, a su vez, un aumento de los precios de las viviendas, el suelo y los alquileres, sumados a la falta de acceso al crédito (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2013). A pesar de ello, las políticas públicas de oferta de vivienda o suelo urbano son inefectivas con respecto a la demanda. En mayor medida, esto sucede porque no existe un mercado del suelo que sea accesible para los sectores populares, debido a que los desarrolladores inmobiliarios se focalizan en brindar una gran oferta solamente para sectores medios altos (Cravino. M, 2020). Entonces, cuando las familias no tienen la posibilidad de acceder al suelo urbano mediante mecanismos formales, recuren a los medios informales como la toma de tierras.
Este tipo de acción termina siendo no solamente una forma de acceder a una vivienda, sino que también funciona como reclamo y estrategia de reproducción de las condiciones materiales de subsistencia ya que se busca poder tener una vivienda propia, tras verse excluidos de los mecanismos formales de acceso a ella.
A pesar de ello, eso no desvanece el hecho de que la toma de terrenos termine siendo un reproductor más de las desigualdades sociales que sufren los sectores más vulnerables, dado que es muy difícil que las viviendas construidas por las mismas familias cuenten con el acceso al agua, el saneamiento, los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo necesarios, por el simple hecho de que no cuentan con los recursos indispensables.
Si bien desde marzo del 2020 hasta marzo del 2021 rigió un DNU que prohibía el desalojo de inquilinos por falta de pago, gran parte de los contratos de alquiler de aquellos que viven en villas y asentamientos son informales, por lo que es muy difícil conocer si los desalojos son llevados a cabo o no, e incluso determinar si se realizan dentro del marco legal. Durante el ASPO y DISPO se dieron diversos procesos judiciales vinculados a desalojos, lo que deja en claro que los mismos se siguieron produciendo a pesar del DNU. Ante esta situación, muchas familias que vieron vulnerado su derecho de acceder a una vivienda digna, decidieron optar por la toma de terrenos.
Durante la pandemia, la toma de tierras se agudizó en distintas partes del país, especialmente en Buenos Aires, lo cual pone en discusión cómo debe actuar el Estado ante esta problemática que continúa sin resolver. Uno de los casos más conocidos fue el de Guernica, en julio del 2020, en el cual aproximadamente 1400 familias tomaron un predio que se encuentra en construcción para la conformación de barrios privados. La mayoría de las personas que participaron de la toma pertenecían a familias desempleadas y sin vivienda que no podían pagar su alquiler, y mujeres víctimas de violencia de género (Maceira, V., y Cyunel, V., 2021). Asimismo, se dieron otras ocupaciones de terrenos en distintos municipios del AMBA, como en Florencio Varela, Quilmes, La Matanza, y San Fernando. Lo que tienen en común la mayoría de las tomas de tierras es la respuesta del Estado. La intervención estatal en estos conflictos se dio a partir de una perspectiva punitiva, se llevaron a cabo desalojos forzosos por las fuerzas de seguridad y represión policial, ya sea mediante el amedrentamiento o la intimidación.
Es necesario que la intervención del Estado no se lleve a cabo desde el lugar del castigo, siendo accionado principalmente, por el Poder Judicial, hacia la justicia penal, ordenando desalojos que muchas veces no cumplen con los protocolos vigentes. Si bien, como afirman María Maneiro y Santaigo Nardin (2020), no se puede negar que existen loteadores que realizan el fraccionamiento de tierras cuya titularidad no poseen, para luego venderlas en el mercado informal, y redes relacionadas a ciertas actividades delictivas que cuentan con algún tipo de complicidad con las fuerzas de seguridad, gran parte de las tomas de tierras se dan porque las familias ven en esa acción la única opción que les queda cuando no tienen otro lugar en el cual vivir, en varias ocasiones, de manera colectiva, autogestionada y pacífica. Cuando la ocupación de terrenos se da de manera pacífica, el Estado no debería seguir el camino punitivo y poner una mirada estigmatizante o prejuiciosa sobre aquellos que recurren a la toma de tierras por necesidad, sino que debería optar por la mediación, es decir, crear una instancia de diálogo en la cual se busque disminuir la conflictividad social entre las familias que realizan ocupaciones de tierra y aquellos que son propietarios o son lindantes a las tierras.
No obstante, al ser la toma de tierras una consecuencia más del déficit habitacional, no alcanza que el Estado tome un rol dialoguista al tratar los conflictos que se producen, ya que ello no es más que llegar tarde a la hora de garantizar el derecho a una vivienda digna. Por eso, el Estado, por un lado, debería sistematizar la información sobre las ocupaciones de tierras ya que no todas se dan de igual forma ni en los mismos lugares. Se deben tener en cuenta quiénes son aquellos que llevan a cabo la ocupación de tierras (familias, loteadores, etc.), en dónde ocurren (propiedades privadas, propiedades abandonadas, zonas con riesgo de contaminación) y los intereses que se ponen en disputa para poder dar una respuesta que tenga en cuenta las especificidades de cada ocupación. Por otro lado, se tienen que originar políticas preventivas que no den lugar a que la toma de tierras se convierta una opción para los sectores populares. Para ello, los gobiernos provinciales y municipales se deberían comprometerse a modificar las formas de acceder al suelo urbano regulando el mercado inmobiliario y, de ser necesario, colocando cargas impositivas a quienes especulan con el valor del suelo o penalizando tributariamente con los instrumentos disponibles el suelo vacante abandonado, así como invertir en el mejoramiento y recuperación de las viviendas que tienen condiciones deficitarias, o que quedaron desplazadas frente a la construcción de nuevas viviendas.
Bibliografía
Centro de Estudios Legales y Sociales (2013). Déficit habitacional y desalojos forzosos en la Ciudad de Buenos Aires: apuntes sobre una política de expulsión y desresponsabilización. En Derechos Humanos en Argentina Informe 2009 (pp. 303-331). Buenos Aires: Siglo Veintiuno. Recuperado de: https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/06/IA2009-7-Deficit-habitacional-y-desalojos-forzosos-en-la-Ciudad-de-Buenos-Aires-apuntes-sobre-una-politica-de-expulsion-y-desresponsabilizacion.pdf
Cravino, M. (2020). ¿Las ocupaciones de suelo como política de vivienda? Café de las ciudades. Recuperado de: https://cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/359/las-ocupaciones-de-suelo-como-politica-de-vivienda.html?fbclid=IwAR3vMSq1L4zC0kd80wgVEoS1E4I0vkTOnxHyCT9mLBrl2QqBoL7QJgwuwlM
Degano, D. (2014). Del déficit habitacional a la vivienda pública ¿o al déficit nuevamente?: acerca de las condiciones habitacionales de las viviendas realizadas por políticas públicas y su sostenibilidad. Arquisur Revista; vol. 5. (pp. 20-31). Recuperado de: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/99824/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Maceira, V., y Cyunel, V. (2021). Problemáticas socioterritoriales y conflicto social en el conurbano bonaerense y resto de la Región Metropolitana de Buenos Aires durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (marzo-octubre de 2020). En Carmona, R. (Comp.), El conurbano bonaerense en pandemia Alcances y desafíos desde una perspectiva multidimensional. (pp. 17-42). Buenos Aires: Ediciones UNGS. Recuperado de: http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/Publicaciones/Libro-El-conurbano-bonaerense-en-pandemia.pdf
Maneiro, M. y Nardin, S. (18 de agosto de 2020). Tomas de tierras en pandemia: la crisis habitacional en el Gran Buenos Aires y La Plata. Periodismo popular. Recuperado de: https://www.notasperiodismopopular.com.ar/2020/08/18/tomas-de-tierras-en-pandemia-la-crisis-habitacional-en-el-gran-buenos-aires-y-la-plata/