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Por Ramses Richani
A pesar de que se han mejorado progresivamente las políticas de control y tráfico de armas en la Argentina, el comercio ilegal de armamento sigue en crecimiento. Al igual que como sucede en el resto de la región, este ascenso deriva de factores como el aumento de violencia social y la expansión del crimen organizado.
Esta mejoría en las políticas se debe a un esfuerzo constante por acoplarse a los tratados internacionales sobre la regulación del armamento y la sanción de nuevos proyectos de leyes para este ámbito. Pero aún así, suelen ser las propias instituciones las que truncan el proceso de aplicación de estas regulaciones, ya que las formas de intervención del gobierno central y los gobiernos provinciales suelen tener enfoques distintos. Esto sucede debido a que el enfoque y los diseños de las políticas no suelen compartir la misma visión, lo que termina derivando en una alta dificultad para la coordinación de abordajes y la comunicación entre las agencias.
A pesar de que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) —antigua RENAR— continúa implementando mecanismos para reducir el comercio ilegal de armamentos, dentro de los propios usuarios registrados, aproximadamente 1.060.910, 3 de cada 4 de ellos tienen su credencial vencida. Esto en un país con una tasa de asesinatos por arma de fuego de 2,7% por cada 100.000 habitantes, cifra que se mantiene en crecimiento respecto a los datos registrados en años anteriores. Esto representa aproximadamente 780.619 armas de fuego cuyos propietarios están en situación irregular.
Pero al ser un país cuya tasa de crímenes crece a ritmo acelerado, muchas personas optan por adquirir un arma de fuego. Esto se ve plasmado en el número de solicitudes de registros de armamento en el año 2021, el cual fue de 72.450 personas; siendo así el número más alto de solicitudes recibidas en los últimos 8 años. A su vez, el programa nacional de entrega voluntaria de armas de la ANMaC recibió entre los años 2020 y 2022 únicamente 3.200 armas, respecto a las 30.000 que recibió durante el periodo 2016 a 2019, siendo así la cifra más baja en el año 2020 donde únicamente se recibieron 424 armas.
Aún así, esto contabilizaba únicamente las armás registradas, pues según el ministerio de defensa, se estima que hay aproximadamente entre 2 y 3 millones de armas de fuego no registradas en circulación. Estas suelen adquirirse o alquilarse en puntos donde ofrecen las armas ‘sucias’ (es decir, las que fueron utilizadas anteriormente en algún crimen) o “sin ruido” (las que no tienen antecedentes). Las armas sin ruido corresponden a armas arrebatadas a los miembros de las fuerzas de seguridad; o también a casos de miembros de las fuerzas de seguridad que hacen denuncias falsas, y son ellos quienes borran la identificación de sus armas y se quedan con ellas, para después o comercializarlas, o utilizarlas para algún tipo de delito.
Entre las principales fuentes de armas para el mercado ilegal están: los robos a arsenales de las fuerzas armadas, depósitos policiales o judiciales, casas de particulares y la venta efectuada ilegalmente por funcionarios corruptos. El contrabando de armamento, si bien suele darse su acceso al país a través de Paraguay, suele no ser muy alto, debido a que Argentina tiene la capacidad de abastecer su propio mercado negro de armas, y por ende se terminan exportando armas desde adentro del país a los países limítrofes. Esto fue aún más evidente con la venta ilegal de armamentos manufacturados en la fábrica de río tercero durante los 90, desde la cual se vendieron armas a Ecuador durante el conflicto del alto Cenepa y a Croacia y Bosnia durante las guerras Yugoslavas. Una parte sustancial del armamento comercializado fue llevado a Ecuador en el que aproximadamente se vendieron 75 toneladas de armamento y munición valoradas en 33 millones de dólares.
Y a pesar de todo el esfuerzo realizado por las instituciones, gran parte del armamento ilegal en circulación suele ser adquirido por civiles que simplemente las compran porque son más baratas o porque no están dispuestos a afrontar el tiempo y los costos impuestos por el ANMaC; y si bien suelen ser adquiridas por cuestiones de seguridad, estas suelen ser utilizadas para otros fines. Por ejemplo, terminan usándose en conflictos interpersonales, violencia de género, conflictos con familiares, entre muchos otros escenarios.
Aconteciendo el caso más reciente, el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se llevó al foco publico de nuevo el tema de la comercialización ilegal de armamento. Y sumando además el debate iniciado por Javier Milei —diputado de La Libertad Avanza— sobre el libre porte de armas, empuja a pensar: ¿realmente la Argentina necesita armarse?
Sin embargo, el verdadero debate se debe centrar en el fortalecimiento y la integración de las instituciones ya existentes para conseguir de esta forma restringir lo más posible el acceso que puedan tener las personas a este mercado, desmontando los mitos de que la posesión de armas funciona para salvaguardar la seguridad de la personas y buscar reforzar los órganos de seguridad en el marco del cumplimiento de su tarea, controlando estrictamente las armas en posesión de los funcionarios. La única respuesta adecuada a la violencia armada que inunda al país es un mayor control por parte del Estado, y retomar las políticas de desarmado que con anterioridad habían funcionado eficazmente.
Edición Matías Bonaparte