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Por Clara Amarante
El principal objetivo de todo plan social debe ser el de emancipar a los individuos para que no sufran ningún tipo de condicionante económico, social, salubre o político que impida el desarrollo de su autonomía y libre agencia.
Estudiando los planes y programas sociales más populares 一como la Asignación Universal por Hijos, Progresar, Potenciar Trabajo y Pro-Huerta一 podemos observar que en sus planteos está presente el objetivo del desarrollo de los individuos para que no dependan de forma indefinida de las políticas de Estado.
No obstante, el número de beneficiarios de planes sociales en Argentina no sólo se mantiene, sino que continúa aumentando con los años (Vera, 2021), lo que demuestra que no se está logrando una superación de las limitaciones sociales e individuales. Es entonces que nos preguntamos: ¿por qué se produce este ciclo de dependencia y cómo podemos interrumpirlo?
Las políticas sociales y sus beneficiarios
Hay ciertas cuestiones sociales 一como la alimentación, la vivienda y el trabajo一 que no pueden ser fácilmente suplidas por políticas universales o a través de los servicios públicos. En caso de extrema necesidad, es fundamental que el Estado asista a la población sin ningún tipo de exigencia en cuanto a las prestaciones. Un ejemplo reciente es el Ingreso Familiar de Emergencia, que se concedió a inicios de la pandemia cuando la situación sanitaria, social y laboral era crítica. Sin embargo, estas políticas discrecionales son respuestas inmediatas que no garantizan la autonomía de los individuos ni los vuelve capaces de responder a sus propias necesidades ante futuras carencias.
Dentro de la tipología de Ernesto Isuani (2009) se puede mencionar un tercer y último tipo de políticas públicas: las contributivas. Estas son planteadas de manera temporal con el fin de interrumpir el ciclo de reproducción de desigualdades a través de la adquisición de herramientas y hábitos. Sobre esta cuestión es interesante analizar la concepción de pobreza de Abhijit Banerjee y Esther Duflo:
“(...) los pobres no son menos racionales que nadie —más bien ocurre al revés—. Precisamente por tener tan poco, con frecuencia encontramos que son mucho más cuidadosos en sus decisiones: tienen que actuar como sofisticados economistas simplemente para sobrevivir. Pero sus vidas y las nuestras se parecen como un huevo a una castaña, y eso tiene mucho que ver con aspectos de nuestras rutinas que damos por hechos y sobre los que casi nunca pensamos.” (2011, pp. 13-14).
Es necesario entender que las personas con menos recursos, al no contar con ninguna clase de certezas a futuro, practican la economía del día a día. Así lo ilustra el estudio de Javier Auyero (2002) acerca de las relaciones de clientelismo. El sociólogo observa que son las personas quienes eligen de quién ser clientes; no desde un compromiso político, sino por la capacidad que tienen los punteros para responder a sus necesidades e intereses. Es así que, si el cliente mejora su posición en el campo político local, accede a más recursos que le ofrecen un pasaje de movilidad social.
Las relaciones entre punteros y clientes no son lineales, sino que están basadas en un lazo social. Cuando se indaga sobre los motivos de asistencia a los actos políticos, los clientes no señalan que la causa son los bienes que se reparten o que están comprometidos políticamente, sino que van en agradecimiento. El cliente mantiene la relación de clientelismo como un recurso, aunque no sea inmediato. Esto es lo que Pierre Bourdieu llama el sentido práctico (Auyero, 2002).
Entendiendo la forma de relación entre puntero y cliente, se sigue la línea de Christian Gruenberg y Victoria Pereyra Iraola (2009) que señalan que el Estado debe promover la inclusión de las personas en situación de pobreza no como receptoras pasivas de ayuda estatal sino como titulares de derechos exigibles, que obligan al Estado a garantizar el acceso a servicios sociales básicos en condiciones de igualdad y no discriminación.
Para evitar toda clase de relación de dependencia, ya sea con el gobierno de turno o con un puntero, las políticas sociales deben otorgar recursos para planificar a largo plazo que fomenten la autonomía de los individuos.
Nueva estructuración de los planes sociales
Lo que se propone desde este artículo es una reestructuración de las políticas sociales en Argentina para que la participación de los programas esté planteada de modo que no produzcan una dependencia crónica. Para ello, no solo hay que revisar las contraprestaciones de acuerdo a las necesidades complejas y diversas de las diferentes zonas del país, sino que también hay que establecer un organismo fuerte y organizado que las monitoree.
Esto no es posible si las políticas sociales están desarticuladas entre los ministerios. Nuestro país cuenta con una enorme cantidad de planes sociales que depende de un Ministerio diferente, lo que complejiza su financiación, monitoreo y evaluación. Por otro lado, dificulta el acceso de la población necesitada a las prestaciones, fomentando las relaciones de clientelismo. En este sentido, Christian Gruenberg y Victoria Pereyra Iraola (2009) proponen una reforma de los planes sociales que garantice el acceso a la información pública de: 1) las reglas de operación de los programas, 2) los padrones, 3) la asignación presupuestaria y 4) los mecanismos de recepción de denuncias.
Cuadro 1. Programas y planes sociales nacionales según el Ministerio.
Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de Programas Sociales del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales [SIEMPRO] (2021).
A su vez, los mecanismos y el presupuesto varían en cada provincia. De esta desorganización deriva una mala coordinación de los programas provinciales y nacionales, que llegan a superponer planes para la misma población o las mismas necesidades.
Esto también perjudica el seguimiento, control y evaluación de las políticas. En Argentina, el organismo que se ocupa de ello es SIEMPRO. Dada la complejidad de las políticas sociales, los resultados de sus evaluaciones son de corto alcance. Es así que raras veces se evalúan los planes sociales que están relacionados o sus articulaciones a nivel provincial y nacional.
Por eso mismo, se propone la creación de una única institución que se encargue de las problemáticas sociales. De esta manera, sería mucho más fácil el acceso a la información acerca de los planes sociales. Por otro lado, también sería más sencillo coordinar, financiar y evaluar las políticas públicas, entendiendo la complejidad e interrelación de las cuestiones sociales en Argentina.
Bibliografía
Auyero, J. (2002). Clientelismo político en Argentina: doble vida y negación colectiva. Perfiles Latinoamericanos, 20, pp. 33-52.
Banerjee, A. V. y Duflo, E. (2011). Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Bogotá: Taurus.
Gruenberg, C. y Pereyra Iraola, V. (2009). El clientelismo en la gestión de programas sociales contra la pobreza. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
Isuani, E. (2009). Estado de Bienestar Argentino: un rígido bien durable. Buenos Aires: FLACSO.
Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales [SIEMPRO]. (2021). Guía de Programas Sociales.
Vera, J. (2021). Acceso a programas de protección social en la Argentina y efectos sobre las tasas de indigencia y pobreza (2010-2021). Informe Anual del Observatorio de la Deuda Social Argentina-UCA.
Edición por Lucía Chico