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Por Ignacio Orlando
Estudiante de Ciencias Politicas (UCA)
Comité de Agenda Publica
Palabras Clave: Perú, Voto de Confianza, Vizcarra, Vacancia, Merino.
Una vez más Perú es tapa de los diarios del mundo y nuevamente la causa se debe a otra crisis política que atraviesa el país latinoamericano. El pasado nueve de noviembre el Congreso peruano destituyo al presidente Martín Vizcarra, quien se encontraba en el cargo desde mediados del 2018 cuando el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, renuncio a su cargo debido al riesgo de ser destituido por los congresistas.
A Vizcarra le restaban tan solo ocho meses de gestión pero el Poder Legislativo, amparado en el artículo 113 de la Constitución, declaro la vacancia de la Presidencia de la República por “incapacidad moral” del mandatario luego de que fuera acusado de cobrar sobornos de empresas constructoras cuando ocupó el cargo de gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014, acusación que está siendo investigada y por el momento no hay pruebas fehacientes del hecho.
Pero la crisis política no se limitó a la destitución del mandatario y se fue acrecentando los días posteriores. Gran parte de la sociedad peruana salió a las calles a manifestarse contra el Congreso en general, acusándolo de realizar un golpe legislativo, y contra el presidente interino en particular, Manuel Merino, acusándolo de haber aprovechado su cargo como presidente del Congreso para impulsar el proceso de destitución que desato una nueva crisis política en el país incaico.
La constitución peruana, en su artículo 115, establece la línea sucesoria en caso de impedimento temporal o permanente del presidente. Como el gobierno de Vizcarra carecía de Primero y Segundo Vicepresidente, la banda presidencial le correspondía a quien ocupara el cargo de presidente del cuerpo legislativo, en este caso Merino, quien había llegado al Congreso en marzo del 2020 por el partido Acción Popular, uno de los que impulso la destitución del entonces presidente Vizcarra.
Las masivas protestas que se desataron en diversas ciudades del Perú, sobre todo en su capital, desde el lunes nueve hasta el sábado 14 inclusive, trajeron un saldo de, hasta el momento, dos muertos, 42 desaparecidos y 94 heridos producto de la represión policial. Las numerosas protestas y sus saldos negativos deslegitimaron aún más al presidente interino quien, el domingo 15 de noviembre, tan solo seis días después de asumir al cargo, se vio forzado a dar un paso al costado.
El Congreso peruano, reunido el lunes 16, finalmente nombro como nuevo presidente interino al congresista Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado y uno de los 19 congresistas que en la noche de la destitución de Vizcarra voto en contra de ella. El recientemente designado mandatario tendrá la difícil tarea de pacificar al país y liderar al Perú en un contexto de profunda crisis económica, política y sanitaria hasta las elecciones presidenciales del 11 de abril de 2021 y la posterior asunción de un presidente electo democráticamente el 28 de julio del mismo año.
La inestabilidad de los presidentes del Perú y sus dificultades para permanecer en el cargo es un fenómeno recurrente ya que, desde hace 20 años, cuando Alberto Fujimori fue destituido tras ocho años en el poder luego de la salida a la luz de numerosos casos de corrupción, los titulares del Poder Ejecutivo del país incaico se encuentran sistemáticamente en escenarios de profunda inestabilidad política debido a, entre otras causas, los diversos escándalos de corrupción que involucran a toda la clase política peruana y a la fragmentación que caracteriza al sistema de partidos peruano.
Fuente: Reuters
Sin embargo, un determinante que moldea y crea las condiciones para que se desaten recurrentes crisis políticas en Perú es su Constitución política, ultima vez reformada en 1993. En este artículo se profundizara sobre algunas características de la Constitución peruana que, en particular las que demarcan el vínculo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, crean un marco proclive para eventuales crisis políticas que otros determinantes del caso peruano potencian.
El Perú posee un presidencialismo como forma de gobierno pero su Carta Magna establece un estrecho relacionamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que lo asemejan a un parlamentarismo, o por lo menos lo convierten en un presidencialismo particular, y le permite, tanto al Congreso como al presidente, entrometerse en los asuntos del otro Poder. Esto genera que la relación entre ambas ramas de gobierno se tense fácilmente.
Con respecto al Poder Ejecutivo, la Constitución le otorga, en el artículo 134, la facultad de disolver el Congreso en caso de que el cuerpo legislativo haya censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Una vez disuelto el Poder Legislativo, se deben llevar a cabo elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución. Esta herramienta le permite al Poder Ejecutivo superar un posible bloqueo legislativo a su propuesta de gabinete. Sin embargo, es una medida costosa ya que las nuevas elecciones pueden engendrar un Congreso aún más opositor.
Martín Vizcarra utilizó esta herramienta constitucional en septiembre del 2019 ante la oposición parlamentaria fujimorista que paralizaba sus reformas políticas. En enero del 2020 se celebraron las correspondientes elecciones que obliga la Constitución y el nuevo Congreso, que fue el que finalmente destituyo al presidente, se encuentra completamente fragmentado ya que cuenta con nueve partidos y ninguno cuenta con mayoría parlamentaria.
A su vez, en relacion al Poder Legislativo, la Constitución les otorga a los congresistas, en los artículos 132 y 133 respectivamente, la potestad de censurar al Consejo de Ministros en su totalidad o a los ministros en particular y rechazar la cuestión de confianza al Consejo para así producir la caída del gabinete nombrado por el presidente.
El rechazo de la cuestión de confianza al Consejo en 2019 fue lo que catapultó la disolución de la Asamblea en septiembre del mismo año. El Consejo de Ministros es el cuerpo de colaboradores del presidente que forman parte de su gabinete. Posee rango constitucional y está a cargo de un presidente quien se encarga de solicitar la cuestión de confianza al Poder Legislativo.
Otra atribución relevante del Congreso es la que figura en el artículo 113 y fue la utilizada en el caso Vizcarra. La misma consiste en la capacidad de declarar vacante la Presidencia de la República por, entre diversas cuestiones, la incapacidad moral permanente de quien ocupa el Poder Ejecutivo. Esta facultad fue tildada, en reiteradas oportunidades, por arbitraria ya que son los mismos congresistas quienes deciden si el presidente posee la suficiente capacidad moral para permanecer en el cargo o no.
Por lo tanto, es una potestad que le genera fuertes incentivos a los congresistas para destituir a un presidente que posee escaso apoyo legislativo o, como en el caso de Vizcarra, ninguno. Como se puede apreciar, la Constitución peruana le otorga al Congreso importantes poderes sobre el gabinete y sobre la figura del presidente. Esto produce un claro motivo de asperezas entre el presidente y los congresistas, sobre todo cuando el Poder Ejecutivo carece de una mayoría en el Congreso, algo que en Perú es común.
Hecho el análisis sobre las particularidades del sistema de gobierno peruano, resulta pertinente aclarar que si bien la Constitución establece las condiciones para una intensa puja de poder entre el Congreso y el presidente, son otros los factores que explican las constantes crisis políticas que sufre el Perú y, en el caso de Vizcarra, también se pueden identificar otros factores particulares. Uno de estos factores es la enorme cantidad de miembros de la clase política que se encuentran involucrados en casos de corrupción.
Desde la destitución de Alberto Fujimori en el año 2000 hasta la fecha son cinco los ex presidentes que tienen problemas con la justicia por escándalos de corrupción. Este vínculo entre la política y el dinero sucio deslegitimo completamente a los partidos políticos que supieron ser relevantes en el siglo XX y a aquellos que surgieron en el siglo XXI, cuyos líderes se vieron rápidamente perjudicados por los sistemáticos casos de corrupción descubiertos en la elite política peruana.
Este factor complementa y favorece la fragmentación partidaria que caracteriza al sistema de partidos peruano, el otro factor que contribuye a las crisis políticas. La misma se debe a que aquellos partidos tradicionales perdieron apoyo popular y los nuevos no logran sostenerse en el tiempo. Sumado a esto, es común el surgimiento de nuevos partidos que apoyan intereses locales o sectoriales, tales son el caso de los partidos Podemos Perú y Alianza Para el Progreso, partidos liderados por empresarios que buscan implementar una agenda propia.
La fragmentación partidaria permite la elección de presidentes con escaso apoyo legislativo y hace difícil la convivencia entre presidentes minoritarios y partidos con intereses sectoriales o partidos que responden a los viejos referentes de la política peruana que hoy se encuentran inhabilitados para ejercer cargos públicos. Dicha fragmentación partidaria también facilito la breve llegada al poder de una figura prácticamente desconocida para la mayoría de los peruanos como lo es Manuel Merino.
Fuente: EFE
El mismo fue congresista en dos oportunidades en la década del 2000 y desde principios del 2020 ocupaba el cargo de presidente del Congreso, ya que había sido electo congresista nuevamente en las últimas elecciones legislativas celebradas en enero del presente año obteniendo una banca luego de ser votado por tan solo 5271 peruanos pero como su partido, Acción Popular, obtuvo la mayoría de escaños (24 sobre 130) en un Congreso profundamente fragmentado, el congresista pudo acceder a la presidencia del Parlamento. En el caso de Vizcarra, los dos factores previamente mencionados jugaron un rol en su destitución pero pueden complementarse con aún tres más.
En primer lugar, el recientemente destituido mandatario no pertenecía a ningún partido político por lo que no poseía de un contingente legislativo que lo sustente o incluso que intente frenar su proceso de destitución. El presidente se encontraba solo ante un Congreso fragmentado pero dispuesto a unirse para avanzar en su salida del cargo por lo que la posición de debilidad del titular del Ejecutivo era evidente. Otro factor que influyó particularmente en el reciente proceso de destitución fue el hecho de que el presidente no fue electo democráticamente sino que cumplía el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en 2018 para evitar la destitución por parte del Congreso.
El no haber sido electo por las urnas para ocupar el cargo lo debilito aún más ya que carecía de legitimidad para sustentar sus propuestas de gobierno y lo convertía en un blanco fácil para el Congreso. La situación socioeconómica y sanitaria que atraviesa Perú debido a la pandemia del Covid-19 tampoco puede dejarse de lado. El país es uno de los más afectados en la región superando los 900.000 casos acumulados y está previsto que su economía se contraiga un 13.9% terminando así con más de dos décadas de crecimiento ininterrumpido.
En este contexto tan adverso, donde hay fuertes cuestionamientos al manejo de la situación por parte del Poder Ejecutivo, el Congreso encontró una ventana de oportunidad para destituir a un presidente débil y la Constitución, si bien no es la determinante de la crisis, le brindó al Poder Legislativo las herramientas para aprovechar la oportunidad. Sin lugar a dudas son otros los factores, algunos más profundos y otros más puntuales, los que influyeron en la destitución de Vizcarra pero es el marco legal que establece la Constitución del Perú el que allana el camino para que una nueva crisis política se desate.
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