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Por Juan Oteiza
En un nuevo intento para poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado y guerra civil en territorio colombiano, el pasado 24 de noviembre de 2016 se firmó un nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y el representante de las FARC.
Este conflicto, que tiene sus orígenes en el año 1964, ha dejado más de 250.000 víctimas, de las cuales el 80 % corresponde a civiles: el fenómeno de las nuevas guerras con violencia organizada está caracterizado por la violación a gran escala de los derechos humanos, situación que se ve favorecida por el avance del comercio ilegal de armas y la consolidación de fuentes de financiamiento propias de los grupos terroristas, producto del desarrollo de actividades ilícitas.
Luego del fin de la Guerra Fría, con la consecuente pérdida de influencia de las ideologías socialistas, se generó un contexto favorable para el surgimiento de este tipo de grupos de insurgencia, organizados políticamente, con el objetivo principal de acumular poder y obtener beneficios económicos, desdibujando de esta manera el espíritu original de búsqueda de igualdad económica y equidad social, centrándose principalmente en la concreción de objetivos particularistas.
En relación al fracaso del último acuerdo de paz, contra todo pronóstico y ambiente de optimismo que se quería imprimir a la situación, la ciudadanía se expresó y manifestó su descontento en relación a las condiciones del acuerdo que se intentaba imponer como solución definitiva al conflicto: el precio de la paz era demasiado alto.
Los números de las urnas hablan por sí solos: un 50,2 % de los votantes rechazó el acuerdo sometido a plebiscito el pasado 12 de octubre. Este revés tuvo fuerte impacto en la opinión pública internacional, dado los altos niveles de expectativas positivas que se habían generado en torno a la restauración del orden en el país.
Un fenómeno sobre el cual hay que poner atención es la baja participación ciudadana en el referéndum que definía la suerte del acuerdo: sólo el 37,4 % de los votantes habilitados se presentó en los comicios. Esta falta de interés podría estar justificada por el profundo desprecio que tiene una gran parte de la sociedad colombiana por las FARC, después de haber sido testigo de innumerables crímenes y violaciones de derechos humanos.
A pesar de este traspié, con el nuevo acuerdo se abre una nueva ventana de oportunidad, situación que no hay que desaprovechar, pero que al mismo tiempo requiere una reconciliación social, generar sentimientos de cohesión dentro de la sociedad colombiana sin dejar prestar atención a las demandas de justicia por parte de la ciudadanía.
El nuevo acuerdo, titulado “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” ya fue sometido a aprobación en el Congreso colombiano con éxito, por lo que ya se iniciaron las medidas para la implementación del mismo, el fin de las hostilidades y la dejación de las armas por parte del grupo insurgente.
Los cambios introducidos estuvieron centrados en el funcionamiento de la “Jurisdicción Especial para la Paz” –instancia judicial del acuerdo-, la entrega de información para “identificar los sistemas financieros de las redes de crimen organizado asociadas al narcotráfico”, reducción del financiamiento del partido de las FARC, entre otros.
Sin embargo, algunos puntos controversiales que generaban descontentos entre los opositores al acuerdo original continúan vigentes en el nuevo documento, ya que el partido político que se conforme entre los miembros de las FARC para participar en la arena política podrá presentarse a las elecciones de 2018 y 2022.
La paz se construye, constituye un proceso que requiere acciones que van más allá que la negociación de los términos de un documento. Este proceso debe atender las complejidades propias del conflicto, el cual ha echado profundas raíces en la conciencia colectiva del país, con ramificaciones en las esferas políticas, sociales y económicas, llegando incluso a convertirse, junto con el narcotráfico, en uno de los factores que más afectan la imagen de Colombia ante los ojos de la comunidad internacional.
En este sentido, el pueblo colombiano ha sido víctima de numerosos crímenes y violación de derechos humanos con consecuencias muy adversas para el país: desde la fragmentación social hasta el éxodo de miles de ciudadanos que emigraron escapando de la violencia, sin dejar de mencionar los efectos negativos que una guerra civil tiene en la economía y desarrollo de un país.
Teniendo en cuenta estos puntos, y la hora de proyectar un escenario de paz en Colombia se requiere no sólo tomar conciencia de la necesidad de alcanzar el consenso social por la vía democrática y unión en la clase política, sino que es indispensable dejar de lado las ideologías particularistas que tienden a la fragmentación social, y que nada tienen que ver con el bien común, condición sine qua non para la consolidación la paz.