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Por Jackeline Ferrari
En el contexto de globalización en el que vivimos, se observa una profundización del sistema capitalista a nivel mundial, un aceleramiento de los procesos productivos y una integración e interdependencia cada vez mayor entre los distintos actores que forman parte, donde no siempre se tienen en cuenta los potenciales riesgos, sobre todo los vinculados al medio ambiente. Es por ello que resulta fundamental buscar nuevas alternativas de desarrollo enfocadas en la sostenibilidad.
El modelo de desarrollo sostenible busca administrar eficientemente los recursos en el presente a fin de no comprometer a las generaciones futuras, intentando mejorar la calidad de vida a largo plazo, reconociendo que un ambiente sano es condición esencial para la vida, y, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho humano en sí mismo.
Argentina reconoce en el Art. 41 de la Constitución Nacional el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y hace especial foco en el deber que tiene la Nación de generar las normas necesarias para promover la protección de este derecho. Así mismo, en el Inciso 22 del Artículo 75, dispone que todos los tratados internacionales de los que Argentina es Estado parte tienen jerarquía superior a las leyes.
A lo largo de la historia, Argentina ha formado parte de distintos Tratados y Acuerdos a nivel internacional donde se ha comprometido voluntariamente a cumplir y compartir las prácticas que los integran, tales como por ejemplo la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el año 2015 en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe en el año 2018.
En materia de sostenibilidad, los principales desafíos se encuentran asociados la capacidad estatal de afrontar los problemas ambientales y su sostenibilidad en el tiempo. Entre los principales, podemos mencionar a nivel económico, el avance de la globalización, el crecimiento demográfico de la mano de las altas demandas sociales, la baja inversión, la distribución del poder y de las riquezas: a nivel social, la tendencia histórica a la incertidumbre, el desarrollo de políticas de corto plazo y la falta de continuidad de la implementación de acciones y programas; y a nivel ambiental, la perdida de diversidad biológica, la destrucción de bosques, la degradación de suelos y posibilidad de desertificación, el alto y creciente nivel de vulnerabilidad ante acontecimientos extremos, el bajo nivel de prevención de contaminación y las inundaciones.
Sin duda que, en Argentina, la definición de las prioridades de los problemas de sostenibilidad y el desarrollo de las políticas públicas necesarias para enfrentarlos, dependen directamente de la situación social y económica del país.
Bibliografía:
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Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Recuperado de: https://www.iidh.ed.cr/derecho-informacion/media/1079/acuerdoescazu.pdf Captura: 10/10/2022
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