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Por Barbara Ojeda
La crisis sociosanitaria que tuvo lugar a partir de la pandemia del COVID-19 dejó en evidencia un problema estructural de nuestro país, que se agrava con los años: el déficit habitacional. Este hace referencia a las necesidades básicas insatisfechas de una población, ya sea por necesidad de nuevos hogares, como por necesidad de mejoras de infraestructura o falta de servicios básicos. Siendo que el aislamiento y la higiene personal, los cuales requieren de buenas condiciones de hábitat para que sean exitosas, son dos factores clave para prevenir la propagación del COVID-19, el acceso a una vivienda adecuada y la disponibilidad de servicios de agua y saneamiento condicionaron fuertemente la manera en que las familias pudieron hacerle frente al virus durante el ASPO y DISPO.
En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la conformación del espacio es muy desigual. Gran parte de las personas que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con un mejor nivel en cuanto a calidad de vida y acceso a equipamientos sociales y servicios en contraste con el conurbano bonaerense. Sin embargo, dentro del mismo AMBA las desigualdades en materia de hábitat y vivienda también se encuentran fuertemente marcadas. Según los datos del último Censo (2010), en los 24 municipios del Conurbano y en CABA hubo un aumento de los hogares convivientes, es decir, hacinamiento familiar en viviendas de buena calidad que pasaron de 144.277 hogares en 2001 a 330.760 en 2010 (130%). Así, hubo un aumento de 7,7 puntos de los hogares que contaban con algún tipo de déficit habitacional en el año 2001 al 2010. Además, para el último trimestre de 2019, el conurbano contaba con “el 26% de sus hogares residiendo en viviendas construidas con materiales de calidad insuficiente y parcialmente insuficiente, solo el 55,6% contaba con desagüe cloacal a red pública, el 11,1% de los hogares sufría problemas de hacinamiento y un 6,7% más presentaba hacinamiento crítico” (Colella V. et al, 2021). A su vez, según el RENABAP, en los 24 municipios del Conurbano se relevaron 952 barrios donde residían 317.553 hogares en condiciones de alta precariedad.
De tal manera, queda en evidencia que las villas y los asentamientos informales se encuentran totalmente desprotegidos ante la propagación del virus, debido a que las condiciones deficitarias se terminan traduciendo en inequidades sanitarias. Por un lado, la falta de acceso a la cobertura de redes de saneamiento imposibilita que se lleven a cabo de manera adecuada las prácticas de aseo y limpieza. Por el otro, el hacinamiento dificulta que se realice un aislamiento efectivo de aquellas personas que se encuentran contagiadas por el virus.
Para agregar, las personas que viven en barrios informales tienen mayor riesgo de contagio al contar con baños pocos seguros, que no son de uso exclusivo de la familia, y carecen de botón, cadena o mochila para limpieza del inodoro.
Las condiciones habitacionales deficitarias llevan a que, en los barrios informales, la propagación del virus se dé mucho más rápido que en los barrios formales. Esto se encuentra reflejado en cuán rápido se propagó el virus durante el 2020 en algunos barrios porteños y en barrios bonaerenses como Villa Azul (Avellaneda/Quilmes), San Jorge (Tigre) y Cabezas (Berisso/Ensenada) (Brouchoud, P., 2020). Ante esta situación es importante preguntarse qué medidas se han tomado desde los distintos niveles de gestión estatal para ponerle freno a las desigualdades sociales y proteger a las familias más vulnerables frente a la pandemia.
La realidad fue que las medidas que se tomaron fueron ineficientes y llegaron tarde. Si bien fue central que el gobierno nacional declarara el sistema sanitario de interés público para poder dar un tratamiento sanitario igualitario a todos los ciudadanos, no alcanza solamente con poner foco allí. Ya que, cuando una de las medidas para frenar los contagios es el aislamiento y “quedarse en casa”, cabe preguntarse qué sucede cuando no se cuenta con una vivienda que tenga las condiciones habitacionales adecuadas. Es claro que en los barrios informales es mucho más difícil para los vecinos mantener la distancia en espacios de vivienda reducidos, donde la privacidad es casi imposible; así como lavarse las manos con frecuencia cuando apenas hay agua para cocinar.
Una de las medidas tomadas por el gobierno nacional fue la implementación del Plan Integrar es Salud 2021, que tiene como objetivo fortalecer los cuidados comunitarios en barrios populares de 20 provincias del país alcanzando 271 barrios populares (Secretaría de Integración Sociourbana, 2021). Está compuesto por 5 ejes de abordaje: el socio-sanitario que se basó en acciones de promoción y prevención de la salud ante el avance del COVID-19; el mejoramiento de espacios comunitarios barriales, que implicó la intervención de comedores comunitarios y merenderos para que puedan seguir realizando sus actividades de manera segura; el Socio Productivo, brindando capacitaciones y talleres; el educativo-pedagógico, y el eje de conectividad y comunicación, con la instalación de puntos de conectividad. A pesar de que este tipo de políticas son centrales para que los vecinos de los barrios populares puedan contrarrestar los efectos del ASPO, se llevó a cabo recién después de un año de pandemia. Además, cabe preguntarse qué tan integral es un plan que no tiene como eje central y transversal el problema de la vivienda y el hábitat.
A su vez, las demandas desde las organizaciones barriales por mejoras en las condiciones de vivienda y el aseguramiento del acceso a servicios básicos en CABA, fueron ignoradas o resueltas tardíamente. Por ejemplo, al comenzar la pandemia en el primer trimestre del 2020 hubo una demora de más de 10 días en restablecer el suministro de agua en parte de la Villa 31, así como también el GCBA tardó dos días en aislar a las personas que habían estado en contacto con el primer caso de allí (CELS, 2020).
Más aun, en el AMBA la única medida temprana que se dio por parte del gobierno para lograr la prevención del coronavirus en los barrios informales del AMBA, fue el “aislamiento social comunitario”, es decir, se les pedía a los vecinos/as que no circularan por fuera de su propio barrio. Cabe remarcar que este tipo de medidas preventivas son muy difíciles de acatar cuando los habitantes necesitan ir hacia sus lugares de trabajo o deben movilizarse para obtener agua potable, aumentando así su exposición al virus.
Durante el 2021 la ayuda por parte del Estado para mejorar las condiciones habitacionales durante la pandemia en los barrios populares no fue mucho mejor que en el 2020. El presupuesto ejecutado para el Programa Integración Socio Urbana, que tiene como misión la realización de obras que permitan que los barrios informales puedan acceder a los servicios básicos, mejorar y ampliar el equipamiento social y de infraestructura, eliminar barreras urbanas, junto con el acceso a la conectividad y el saneamiento, tan solo fue de 47,91%, es decir, ni siquiera llegó a ejecutarse la mitad del mismo. La situación para este 2022 no es mucho mejor: el presupuesto proyectado para el Programa Integración Socio Urbana cuenta con una reducción del 27%. Los proyectos de integración socio-urbana son financiados por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Una parte de la recaudación de estos fondos proviene del Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia con el cual ya no se contará durante el año 2022. Las reducciones presupuestarias en políticas destinadas a solucionar el déficit habitacional suponen un retroceso a la hora de pensar una agenda que tenga como objetivo asegurar el derecho a una vivienda digna y segura.
Frente a la falta de un Estado presente, desde los barrios populares se crearon redes de esfuerzo de la comunidad para satisfacer sus necesidades básicas, colectivizando la provisión de alimentos y la construcción del barrio y las viviendas. En el marco del ASPO y DISPO este sentido de lo comunitario se dio en mayor medida, pero si bien la mejora de los barrios está estrechamente relacionada con una organización comunitaria fuerte, no alcanza con los esfuerzos de los vecinos y vecinas si sus reclamos y demandas no son tenidas en cuenta por el Estado. Es primordial que todos los niveles de gobierno tengan en cuenta la gravedad de la situación habitacional en la que se encuentran quienes viven en villas y asentamientos informales, para crear estrategias de acción que prioricen la temática urbano-habitacional, juntos con los ejes sanitarios y alimentarios, a la hora de pensar políticas públicas para hacer frente al COVID-19.
Así, es necesaria la articulación entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales junto con las organizaciones barriales y comunitarias, de forma que se haga parte a los vecinos/as en la toma de decisiones de las etapas de diseño, implementación y monitoreo de los proyectos, para que se implementen políticas de inclusión en los barrios populares que garanticen el acceso a servicios básicos, como el agua, mediante la red de agua potable existente, la regulación del mercado de suelo urbano, y brindar la dotación de infraestructuras necesarias para mejorar los espacios que se habitan. Como dice María Gabriela Marichelar (2021): “es hora de recuperar la producción social del hábitat, en tanto proceso social que desde la lógica de la necesidad persigue el ejercicio de la actividad económica, de organización social, de abordaje integral, apoyado con recursos públicos”.
Bárbara Ojeda
Bibliografía:
Brouchoud, P. (2020). “Quedate en casa”: Pandemia y políticas de acceso al hábitat. Contribuciones del CIG sobre la Pandemia – Eje 2 – Reflexiones sobre aspectos urbanos de la pandemia. Recuperado de: http://idihcs.fahce.unlp.edu.ar/cig/wp-content/uploads/sites/13/2020/08/Pandemia-y-pol%C3%ADticas-de-acceso-al-h%C3%A1bitat-Al%C3%AD-Brouchoud.pdf
Centro de Estudios Sociales y legales (2020). La epidemia en villas y asentamientos. Buenos Aires: Autor. Recuperado de: https://www.cels.org.ar/web/2020/05/la-epidemia-en-villas-y-asentamientos/
Colella, V. et al (2021). Entre la crisis sociosanitaria y la emergencia urbano-habitacional. En Carmona, R. (Comp.), El conurbano bonaerense en pandemia Alcances y desafíos desde una perspectiva multidimensional. (pp. 43-109). Buenos Aires: Ediciones UNGS. Recuperado de: http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/Publicaciones/Libro-El-conurbano-bonaerense-en-pandemia.pdf
Suaya, G. (2020). Inequidad y COVID-19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: cómo afecta la pandemia a los asentamientos informales. (Documento de Trabajo No 193). Buenos Aires: CIPPEC. Recuperado de: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/06/193-DT-MYE-Inequidad-y-COVID-en-CABA-Suaya-junio-2020-1.pdf
INDEC (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Marichelar, M. (2021). La cuestión urbana post-pandemia Políticas sociales urbanas para la reconstrucción socio-espacial. En Políticas sociales. Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro. Volumen II (pp. 58-63). Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, CEIL-CONICET y RIPPSO. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/6367_-_libro_politicas_sociales_vol_2-web_0.pdf
Secretaría de Integración Sociourbana (2021). Informe Final: Integrar es Salud 2021. Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Social Argentina. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if_integrar_es_salud_2021.pdf