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Por Martina Gonzalez
Lic. en Relaciones Internacionales
Comité de Ambiente y Energía
Palabras Clave: Ley Yolanda, Desarrollo Sostenible, Cambio Climático, Argentina.
“Si queremos ver que las cosas cambien, tenemos que incomodarnos”. La consolidación de un ambiente sano, sostenible y apto para el desarrollo humano en todas sus dimensiones no solo es una condición inmanente a la vida humana sino un derecho a satisfacer –dispuesto en el art. 41 de nuestra Constitución Nacional-. Siguiendo esta línea, la pobreza, la inequidad y la injusticia social no podrán enmendarse sin la base de un desarrollo sostenible que respete la biodiversidad biológica y cultural.
Muchos sectores se han movilizado durante el correr de los años a fin de llenar ese vacío y construir un nuevo modelo sociocultural, en línea con la preservación del planeta, acechado en los últimos tiempos por la intensidad de la deforestación, los fenómenos extremos, la agricultura a gran escala y la industrialización masiva. Pero sin el “aval” de las máximas autoridades de gobierno sabemos que el cambio puede llevar todavía más tiempo. Y eso es lo que no tenemos.
En 2015 la Argentina ratificó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con esto, se integró a un marco de esfuerzos a nivel internacional que fija metas con el fin de promocionar prácticas públicas más sustentables y sostenibles. Entre estas intenciones, se establece la necesidad de sinergias, articulaciones y enlaces entre sectores, así también como la incorporación de estrategias, planes y políticas que lleven a la mejora de la educación, sensibilización y capacidad humana e institucional respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático. Y, en este sentido, se engendró la Ley Yolanda.
La novedosa ley, presentada por Camila Crescimbeni, diputada nacional de Juntos por el Cambio, presenta un programa de formación para agentes de cambio en desarrollo sostenible –según lo indica su nombre-, destinado a la instrucción y capacitación obligatoria de los funcionarios públicos en la temática de desarrollo sostenible, cambio climático y ambiente, en todos sus niveles y jerarquías.
La capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los integrantes de los tres poderes del Estado equivaldría a la Ley Micaela en temas de violencia de género. Según dispone la misma:
“Cada programa deberá contar como mínimo con temáticas sobre los siguientes ejes: concepto de desarrollo sostenible y contribución de los ODS nacionales; gestión de residuos sólidos urbanos; cambio climático; problemáticas ambientales; recursos naturales y biodiversidad; eficiencia energética; derecho ambiental; economía circular; impacto ambiental de las políticas públicas”
Entre otros que fueran co-creados en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil con trayectoria de trabajo en el área. Por otro lado, la Comisión Asesora de Educación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) será la autoridad encargada de la aplicación de la ley.
En consonancia con la política de Estado de transparencia pública, la ley dispone que cada organismo estatal deberá incluir en su página web un acceso desde donde la sociedad civil pueda hacer seguimiento del grado de cumplimiento de dicha formación por parte de cada uno de los poderes del Estado. El financiamiento de dicho proyecto se daría a partir del crédito de cada partida presupuestaria perteneciente a cada organismo público.
El proyecto de ley lleva el nombre de Yolanda Ortiz, doctora en Química y nacida en Tucumán, quien fue la líder durante los años 70 de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, creada por Juan Domingo Perón, así también como la primera mujer en Argentina y América Latina en ocupar un cargo público relacionado a la temática ambiental.
Se la destacó por su gran innovación al incorporar la perspectiva ambiental en la industria y fue pionera en plasmar el paradigma de complejidad e integralidad del ambiente. Sostenía la idea de que no es posible trabajar individualmente en ecología, porque es el colectivo el que tiene que llegar al bien común dada su complejidad. En homenaje a su legado y arduo trabajo por un ambiente sano, la ley se basa en brindar herramientas para la construcción de un paradigma de desarrollo eco-sistémico que lleve a la transformación de los actuales patrones de producción y consumo.
Fuente: Diario El Sol
Eugenia Catalfamo, senadora nacional por el Frente de Todos de San Luis y autora de uno de los proyectos consensuados sobre capacitación en materia medio ambiental para el ámbito público, sostiene que “es fundamental promover una verdadera conciencia ambiental, sobre todo en los funcionarios que deben definir las políticas públicas” y aseguró que “esta ley va a tender un puente entre los tres poderes del Estado y la comunidad científica para fomentar el trabajo en equipo”. Destacó también el trabajo que se está llevando en conjunto en su provincia con distintas organizaciones de jóvenes, en especial Jóvenes por el Clima – San Luis.
La ley todavía no salió, solo fue aprobada en el Senado (aunque por unanimidad). Sin embargo, en el recinto se hace notar el trabajo en conjunto, dejando a un lado las diferencias y unificando voluntades. Varios legisladores recuerdan el recientemente sancionado Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y la justicia ambiental y el rol esencial que tiene la educación en la formación de una actitud responsable, tanto individual como colectiva.
La ola verde se hace sentir en el país y si no es por medio de la presión del juego político en el Congreso, será la presión social la que llevará a los responsables del ejercicio del poder a adherir a dicha disposición.
Solo si es acompañada de educación, la acción global ambiental permitirá un giro 360 en nuestra forma de consumir y habitar el planeta. La reactivación del país post COVID-19 llevará mucho esfuerzo, es por esto que la incorporación de una perspectiva sostenible que recorra todas las acciones y decisiones del ámbito público será de suma importancia para lograr salir resilientes y adaptados a las condiciones socio-ambientales del siglo XXI.
El cuidado del medio ambiente es una cuestión transversal que no puede seguir siendo pospuesta. La integración de la sustentabilidad en los planes nacionales de recuperación es la llave maestra para una adecuada estrategia de desarrollo sostenible.
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