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Por Alana Ferrari
El movimiento feminista a lo largo de los años se ha manifestado por diversas causas, convocando a múltiples y masivas manifestaciones para lograr la conquista de derechos, entre ellos, el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE). El 30 de diciembre del año 2020, se dio respuesta política a esta demanda y fue sancionada la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que les permite a las mujeres y personas gestantes decidir y ejecutar la terminación del embarazo acompañados de un sistema de salud público, así como una asistencia posaborto, el acceso a la Educación Sexual Integral y a métodos anticonceptivos. De esta forma, la ley contempla el aborto legal seguro y gratuito hasta la semana 14 de embarazo.
A pesar de que esta ley haya sido sancionada hace más de un año, su alcance e implementación ha presentado dificultades en distintas provincias, y persisten innumerables complicaciones en el acceso a un aborto seguro.
Entre estas cuestiones, resulta pertinente destacar el desconocimiento del derecho al aborto y la falta de acceso a la información al momento en que los cuerpos gestantes buscan interrumpir su embarazo. ¿Qué implica el acceso a la información? Según el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la accesibilidad de la información comprende tanto el derecho a buscar, así como también a recibir información sobre salud reproductiva y sexual, abarca el derecho al aborto y la atención posterior. Sin embargo, desde la sanción de la ley a fines del 2020, tanto el Estado Nacional como las provincias son responsables de alentar a la desinformación mediante la falta de difusión y campañas sobre el acceso al aborto seguro y la seguridad sexual.
La irresponsabilidad de los gobiernos provinciales y municipales con respecto a la implementación de la ley se puede ver reflejada en las estadísticas de distintas provincias. Amnistía Internacional afirma que:
Una organización de la sociedad civil de Catamarca que acompaña a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, advierte que, de un total de 133 mujeres y personas gestantes, el 46,8% manifestó no saber que podía solicitar un aborto voluntario en el sistema de salud (No se ejerce un derecho que se desconoce, p.5, 2021).
Estos números reflejan la necesidad de un accionar rápido y directo por parte del Estado en la difusión de la información de los derechos sexuales, dado que este incumplimiento vulnera más la situación de quienes requieran interrumpir su embarazo.
Asimismo, provincias tales como Santiago del Estero, Mendoza, y Tierra del Fuego no cuentan con ningún tipo de información sobre cómo acceder a un aborto de manera segura en los centros de salud. Puntualizando en las dos primeras provincias, Amnistía internacional (2021) menciona que los “relatos de mujeres que intentaron acceder a un aborto en el sistema de salud describen que han tenido que visitar distintas áreas del efector de salud y hablar con varias personas hasta conseguir la información adecuada”.
En el caso de Mendoza, pese a que es posible encontrar información oficial sobre los servicios en salud sexual y reproductiva de manera online en las redes oficiales, no existen mención al derecho de interrumpir voluntaria y legalmente el embarazo (IVE/ILE), solo referencias a una ley obsoleta que prohíbe la venta de misoprostol. En este sentido, el acceso al aborto presenta limitaciones en la provincia, en tanto no se ejerce un derecho porque se desconoce (Amnistía Internacional p.9, 2021).
Sumado a la falta de información, en el caso de Salta, se le agrega el factor de ser una de las provincias más conservadoras del país que impide incluso a profesionales realizar una correcta interrupción del embarazo. Tal es el caso de Miranda Ruiz, quien practicó el aborto a una paciente en la ciudad de Tartagal y fue denunciada por un familiar, dejándola detenida y actualmente procesada. Este termina siendo un caso entre otros miles de profesionales que cuentan con causas por abortos.
Por otra parte, se ha puesto en marcha una línea de consultas sobre la interrupción voluntaria del embarazo desde el Ministerio de Salud de la Nación. Es la línea 0800 de Salud Sexual, que busca otorgar atención personalizada a quienes lo requieran, con el objetivo de informar y facilitar el acceso a los centros de salud sexual. Si bien esta herramienta ha resultado ser efectiva, brindando información a aquellos usuarios que lograron efectuar el llamado, presenta innumerables quejas y complicaciones. Con respecto a esto, se destaca la necesidad de una mayor cantidad de operadores que se encuentren disponibles para la línea, de modo que permitan acceder a las personas y a la información de una forma más directa.
Cada provincia cuenta con diversas dificultades y obstáculos que impiden a las personas acceder correctamente a un aborto seguro, lo cual demuestra que, si bien la Ley IVE aplica hacia todo el territorio nacional, las desigualdades continúan vigentes en el campo. Es decir, aún con la conquista del acceso al aborto legal, seguro y gratuito, no se puede asegurar una garantía del cumplimiento de este derecho, no solo por la falta de acceso a la información de las mujeres y personas gestantes, sino también por otros obstáculos que se presentan una vez ejecutada la política. Entre estas limitaciones aparece la resistencia de la implementación de la ley, ya sea en los municipios y/o departamentos provinciales, como en los hospitales, sobre todo del sector privado. Por lo tanto, en esta etapa de la política pública, a fin de que todas aquellas personas que deseen practicarse un aborto efectivamente puedan hacerlo, es importante un monitoreo constante de la implementación de la ley, como así también regulaciones que acompañen y faciliten el acceso a este derecho en todo el territorio nacional.
Bibliografía:
Amnistía Internacional. (2021). No se ejerce un derecho que se desconoce. Recuperado el 5 de marzo de 2022, de: https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2021/12/Informe-No-se-ejerce-un-derecho-que-se-desconoce.pdf?utm_source=rrss&utm_medium=trafico&utm_campaign=abortofaltainfo&utm_id=Aborto Carbajal, M. (2021, diciembre 15). Ley IVE: a 11 meses de la sanción, aumentaron las prácticas, pero persiste la resistencia. Página12. Recuperado el 9 de marzo del 2022, de https://www.pagina12.com.ar/389385-ley-ive-a-11-meses-de-la-sancion-aumentaron-las-practicas-pe
France 24. (2022). Un año después de la legalización del aborto en Argentina, el cambio es lento. France 24. Recuperado el 8 de marzo de 2022, de https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220112-un-a%C3%B1o-despu%C3%A9s-de-la-legalizaci%C3%B3n-del-aborto-en-argentina-el-cambio-es-lento
Langone, E. (2021). Las mujeres lo empiezan a decir: “Vengo porque estoy embarazada y quiero abortar”. La Capital. Recuperado el 10 de marzo de 2022, de https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/las-mujeres-lo-empiezan-decir-vengo-porque-estoy-embarazada-y-quiero-abortar-n10004710.html?s=08
Tribuno, E. (2021). El Tribuno. https://www.eltribuno.com. Recuperado el 8 de marzo del 2022, de https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2021-12-17-1-0-0-la-tasa-de-aborto-de-jujuy-es-superior-a-la-media-nacional
Editado por Lucía Chico