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Por Ramiro Gómez
Estudiantes de Ciencias Ambientales (UBA)
Comité de ambiente y energía
Palabras Clave: Ley de Bosques, Desforestación, Incendios, Protección ambiental
A 13 años de la sanción y a 11 años de la reglamentación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos son muchas las limitaciones a las que la misma se enfrenta. ¿Qué propone la ley? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Cómo afecta esto a la situación ambiental de Argentina y el resto del mundo?
Captura de CO2; santuario para más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta; reservorio de agua y recursos energéticos; hogar de pueblos y culturas originarias; fuentes de trabajo. Desde una selva tropical en la provincia de Misiones hasta un bosque de coníferas en Estados Unidos, estos son solo algunos de los múltiples servicios que brindan los bosques a nivel mundial.
Servicios que a fin de cuentas tienen impactos positivos en nuestra calidad de vida; y aun así, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alerta que si bien las tasas de deforestación han disminuido con respecto a la década de los noventa, estos ecosistemas todavía se encuentran en riesgo con una tasa deforestación estimada en 10 millones de hectáreas por año en el período 2015-2020 y más de 20 mil especies de árboles incluidas en la Lista Roja de la UICN (FAO and UNEP, 2020). ¿Las principales causas de esta problemática? Según el Fondo Mundial por la Naturaleza los principales causantes de deforestación son la expansión de la frontera agrícola; la extracción de recursos madereros y mineros; los incendios; y la urbanización.
Si bien Argentina presenta tasas de deforestación menores que hace una década atrás, lo cierto es que al igual que en el resto del mundo la pérdida de bosques nativos en el país ha alcanzado una situación crítica, a tal punto que, según la ONG Fundación Vida Silvestre, desde el 2007, en Argentina se perdieron 3.500.000 hectáreas de bosques nativos a un ritmo promedio de aproximadamente 300.000 hectáreas deforestadas por año (el equivalente a la superficie de CABA por mes) siendo Chaco, Misiones y Formosa 3 de las provincias donde se concentra el mayor porcentaje de estas talas.
Debido a la gravedad de la situación y luego del reclamo de múltiples organizaciones, en febrero de 2009 se reglamentó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos sancionada en 2007 con el objetivo de reducir la deforestación en el país e impulsar un manejo “sustentable” del recurso forestal.
Para lograr dicho objetivo, la ley busca crear un Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos destinado a compensar a aquellas personas que mantienen bosques dentro de sus tierras y, por otro lado, busca categorizar a los territorios forestales según el grado de conservación que requieran en tres categorías: Categoría I (rojo) para aquellas tierras que deben permanecer para siempre como bosque; Categoría II (amarillo) para las tierras que pueden aprovecharse de manera sustentable (turismo e investigación científica por ejemplo); y Categoría III (verde) para aquellos territorios que pueden ser modificados parcial o totalmente a través de diferentes actividades económicas.
Salta, Julio de 2013. Tomas aéreas del desmonte en la Finca San Francisco.
Fuente: Greenpeace
Desde la reglamentación de la ley, la tala indiscriminada de bosques obtuvo una mayor visibilización como problemática central que afecta a nuestro país así como también se resaltó la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Según datos oficiales del gobierno la tasa de desforestación disminuyó desde 0,94 % en 2007 (año en que se sancionó la ley) a 0,34 % en 2015 pero de todas maneras la ley no logró poner el freno prometido a la problemática en Argentina. Según la ONG Greenpeace, entre el 1 de Enero y el 30 de Junio del presente año se desmontaron 38.852 hectáreas de bosque nativo, aproximadamente 2000 hectáreas más que durante el mismo período del año pasado. Información recolectada de Greenpeace junto a datos tomados de un nuevo informe elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto a la Fundación Vida Silvestre titulado “Diagnóstico actualizado del estado de implementación – Ley N° 26.331” destacan los siguientes puntos como principales limitaciones en la implementación de la ley y la protección de los bosques:
● No recibe el financiamiento que le corresponde (Según Greenpeace, en 2010 se estipularon $ 300 millones, pero luego se reasignaron $ 144 millones al “Programa Fútbol para Todos”)
● Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos
● No pone freno a las prácticas ilegales (según el informe, en el año 2018 el 50% de la deforestación se llevó a cabo en zonas rojas y amarillas)
Hoy la situación se ve agravada además por los incendios que asedian a 14 provincias argentinas, arrasando en el camino con cientos de miles de hectáreas de bosque nativo (además de hogares, cultivos e incluso personas). Según el gobierno nacional, al igual que cuando hablamos de deforestación, la principal causa de estos incendios es el accionar humano ya sea de forma intencional para extender la frontera agrícola o como resultado de acciones descuidadas como una fogata sin apagar.
Al analizar la problemática en Argentina desde una perspectiva global en donde día a día se registran nuevos focos de incendios y deforestación podremos notar que la situación es aún más grave de lo que parece. Sin un verdadero esfuerzo internacional para la protección de los bosques nativos podríamos enfrentarnos a un escenario en el que muchos de los actuales bosques terminan desapareciendo. A todo esto se suma la Crisis Climática que estamos transitando. La tala y quema indiscriminada de nuestros bosques no solo es perjudicial por representar una pérdida en la biodiversidad y fuentes de trabajo y recursos.
Al arrasar con un bosque se liberan toneladas de CO2 a la atmósfera que contribuyen a acrecentar el calentamiento global y el cambio climático. Según la organización sin fines de lucro The Climate Council, 4.800 millones de toneladas de dióxido de carbono se liberan por año a causa de la deforestación (o alrededor del 8-10% de las emisiones humanas anuales de dióxido de carbono). Un informe de la FAO sostiene además que la deforestación de los bosques vuelve a estos ecosistemas más vulnerables a los efectos del cambio climático como pueden ser las inundaciones, las sequías o los incendios entre otros.
Los próximos meses serán cruciales para el desarrollo de políticas que aseguren la protección de los bosques y puedan cubrir las falencias en la implementación de la Ley 26.331. Diarios y medios digitales cubren los incendios y las talas indiscriminadas todos los días. Ya no es posible mirar a otro lado y asegurar desconocimiento. Organizaciones ambientales y sociales tienen la mira en la clase política, atentos a cuál será el siguiente paso para resolver la crisis que afecta a nuestros bosques. Hasta ahora la única luz de esperanza es un posible proyecto de ley que prohibiría la explotación de tierras boscosas arrasadas por el fuego durante largos períodos de tiempo. Solo el tiempo dirá si este proyecto terminará convirtiéndose en la ley que finalmente facilite el cumplimiento del objetivo de protección de bosques que 13 años atrás fijó la Ley 26.331, y 13 años después todavía no pudo cumplir.
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