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*Por Deborah Tasselkraut
La crisis de Venezuela, que ha alcanzado un punto de quiebre en la atención de la comunidad internacional tras la elección de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y su posterior instalación, enfrenta hoy en día la presión diplomática multilateral que se ejerce en pos de ayudar al pueblo venezolano a conseguir una pronta resolución pacífica a la misma.
En la última semana, emergió la esperada voz de América Latina, la cual se encontró alineada con su profundo respeto por la paz, la democracia y el derecho internacional, y su tradición por la resolución pacífica de controversias y el respaldo colectivo a las instituciones democráticas. Con algunas medias tintas, la región expresó en forma inequívoca su repudio hacia la ruptura del orden democrático en Venezuela, alertando sobre la crisis humanitaria que el país atraviesa, y condenando la violación sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales que el gobierno de Nicolás Maduro ejerce sobre el pueblo venezolano.
Teniendo aún fresca la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático que Mercosur realizó en 2012 sobre la República del Paraguay, el 05 de agosto pasado los cancilleres de los Estados Parte acordaron suspender por tiempo indeterminado a Venezuela como integrante del bloque regional. Si bien en diciembre de 2016 ya se habían tomado medidas inherentes a la condición de Venezuela como Estado Parte del bloque –las cuales revistieron un carácter técnico-administrativo, que podían ser subsanadas a través de la incorporación de normas y procedimientos de la institución en la legislación nacional venezolana–, la aplicación de la “cláusula democrática” implicó la suspensión total del país para participar en los diferentes órganos del proceso de integración y de sus derechos y obligaciones.
El carácter indeterminado de esta medida de naturaleza política –la cual abre nuevamente el debate sobre la carencia de “dientes” del Mercosur–, se encuentra supeditado a la restauración del orden democrático, el respeto de las instituciones, la liberación de los presos políticos, y un proceso electoral legítimo, todos ellos condicionantes que se corresponden con el pedido que la región hace a Venezuela.
Bajo el espíritu de la declaración formulada por el bloque el 21 de julio pasado en la ciudad argentina de Mendoza, donde se exhortó a evitar dividir aún más a la sociedad venezolana y se instó “al Gobierno y las fuerzas opositoras de la hermana República Bolivariana de Venezuela al diálogo, que permita una concertación política creíble”, la activación del Protocolo representa la materialización de los esfuerzos que se viene realizando hace un año en pos de orientar a Venezuela hacia el diálogo.
El proceso liderado por la Argentina tuvo como propósito que surja por parte del gobierno de Maduro una voluntad de diálogo, como voluntad de aproximación. Como señalara el Canciller Jorge Faurie[1], en la visión argentina y latinoamericana “la solución pasa por generar una transición que se valide en un proceso eleccionario”, y por ello la región “pide que Venezuela respete su Constitución, y que haga un proceso eleccionario que legitime las opciones con claridad, y que en ese período no se mate, no se reprima, y no se encarcele a los opositores”.
Tres días más tarde de la suspensión de Venezuela del bloque Mercosur, a través de la “Declaración de Lima” se sumaron las voces de otros países de la región –Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras México, Panamá y Perú–, condenando la ruptura del orden democrático en Venezuela y la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, explicitando el no reconocimiento a la ANC y ofreciendo el respaldando y solidaridad con la Asamblea Nacional democráticamente electa. En forma concluyente expresaron “su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el reconocimiento de la democracia en el país”.
Desde la comunidad internacional, se sumó también en los últimos días la denuncia que Naciones Unidas realizó a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la cual puntualiza las torturas y el uso excesivo de la fuerza en Venezuela. De acuerdo a la nota que Maolis Castro y Laura Delle Femmine publicaron en el diario El País el pasado 09 de agosto, “en un duro comunicado sobre las conclusiones de un informe que verá la luz a finales de mes, el organismo alerta de que las violaciones cometidas por las autoridades ante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro van desde arbitrarias, hasta malos tratos y ‘tortura’”.
En suma, de aquí en más será interesante seguir el debate respecto del impacto que revistan las acciones y declaraciones de los países latinoamericanos sobre de los cálculos (ir)racionales que el gobierno de Nicolás Maduro formule en el corto y mediano plazo en relación a la posibilidad de perpetuar el régimen dictatorial. En caso de que emerja una voluntad de diálogo –de aproximación–, y los venezolanos reconozcan a la Argentina como un interlocutor válido para la facilitación del diálogo, se abrirá una nueva discusión en torno a la capacidad de capitalizar los activos de legitimidad y reputación internacional que dicho rol ofrecerá. Por su parte, habrá que esperar para evaluar cuál es el rol que ocupará la comunidad internacional en torno a la preocupante crisis humanitaria que se vive en el país, retomando viejas discusiones en torno a la legitimidad y efectividad de su potencial involucramiento.
[1] Entrevista con el diario La Nación, 05 de agosto de 2017.
*La autora es Lic. en Relaciones Internacionales (UdeSA) / Magister en Estudios Internacionales, con Especialización en Política y Seguridad Internacional (UTDT). Investigadora independiente sobre tópicos de Seguridad Internacional, con especialización en materia de Desarme Humanitario y Control de Armamentos en la Región de América Latina.