top of page

La Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur: un análisis de costo y beneficio

Actualizado: 20 sept 2022

Por Romina Morguen


China siempre ha sido infame en el sistema internacional por su dudoso compromiso con la protección de los derechos humanos dentro de su territorio. Sin embargo, en los últimos años ha acaparado especial atención negativa debido a lo que varios gobiernos han denominado como el genocidio cometido por el gobierno chino contra las minorías étnicas y religiosas radicadas en la región de Xinjiang. Desde 2017, más de un millón de uhigures y miembros de otras minorías turco-musulmanas fueron distribuidos a través de una extensa red de “campos de reeducación”, establecidos con el pretexto de combatir el “extremismo religioso”. Dentro de estos campos, los detenidos son presuntamente sujetos a adoctrinamiento político forzados a abandonar su religión y cultura, e incluso sujetos a tortura y esterilización involuntaria. Cuando finalmente abandonan estas instalaciones, son incorporados en forma presuntamente involuntaria a redes establecidas de trabajo forzado dentro de la región, así como también en selectas compañías dispersas en otras provincias chinas (Xu et. al., 2020).


En respuesta a estos abusos, países como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la UE implementaron una cadena de sanciones sucesivas contra China a partir del año 2021 por los abusos cometidos en Xinjiang. Sin embargo Estados Unidos fue y es el principal pionero y activista en la aplicación de sanciones comerciales a la región. Estas sanciones, muchas veces complementadas por embargos parciales al algodón, productos derivados del polisilicio, y al tomate, han culminado en la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur. La ley fue promulgada hacia finales de diciembre del 2021 y coloca una presunción refutable sobre todas las importaciones provenientes de Xinjiang de modo tal que las autoridades asumen que los bienes provenientes de la región fueron fabricados con trabajo forzado y niegan su acceso al mercado norteamericano, a menos que el importador logre mostrar clara evidencia de lo contrario (Hendrix y Nolan, 2021b; Hendrix, 2021).


¿Qué efecto tiene la medida sobre las economías norteamericana y mundial?


La región de Xinjiang es una región periférica de China que compone tan sólo el 1,4% del PBI chino. Sin embargo, es pivotal en la producción de dos bienes: el algodón y el polisilicio. Xinjiang representa casi el 20% de la producción global de algodón (Hendrix y Nolan, 2021a). Su posición es incluso más dominante en el mercado del polisilicio refinado, compuesto clave en la fabricación de las células fotovoltáicas utilizadas en paneles solares, en donde Xinjiang representa el 68% de la producción global. Virtualmente, todos los paneles solares basados en silicio son probables de contener al menos algo del silicio proveniente de Xinjiang (Hendrix, 2021).


El embargo a las importaciones provenientes de Xinjiang que impone la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uhigur, supone graves complicaciones para la industria solar y las industrias textil y de calzado. Las compañías norteamericanas dedicadas a estas industrias deberán asumir los costos en dinero y tiempo de reunir las pruebas y verificaciones necesarias para garantizar que las importaciones no fueron producidas empleando mano de obra forzada. En algunos casos, la posibilidad de recurrir a mercados alternativos y más costosos podría ser la solución más eficiente. Esto implicaría una suba de los precios que, en el caso de industrias como la textil y del calzado, representa una inflación directa y visible de los precios para la ciudadanía común (Hendrix y Nolan, 2021b; Bown y Keynes, 2020, 22m53s) .


El trabajo forzoso uigur es, además, presuntamente empleado en compañías chinas especializadas en una diversidad más amplia de componentes que se radican en Xinjiang y reciben trabajadores uigures bajo programas gubernamentales. Grandes compañías que obtienen suministros de Xinjiang como Apple, BMW, Samsung, y Sony, se convierten, de esta forma, en partícipes indirectos de la represión a minorías étnicas en la región. Como consecuencia, otras industrias relacionadas también se verán obligadas a revisar sus cadenas de suministro globales, tales como la tecnología, la industria mecánica y automotriz, y de elementos de protección personal (Hendrix, 2021). Es decir, la suba de precios podría derramarse a estas industrias adicionales.


Aunque una suba de precios es posible, es natural apostar a la dimensión moral de estas circunstancias, en cuanto podría argumentarse que el ciudadano norteamericano está dispuesto a pagar más por productos limpios y libres de trabajo forzado. Pero, ¿es suficiente que el mercado norteamericano deje de comprar a Xinjiang para tener un efecto positivo sobre los abusos en la región? Es decir, cabe preguntarse si estos costos y ajustes que posiblemente ocasione la medida lleven a resultados positivos relativos al alivio de los abusos y el empleo de trabajo forzado en Xinjiang.


¿La medida es efectiva para acabar con el trabajo forzado?


Los embargos a las importaciones introducidos por la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur son del tipo de sanciones más tradicionalmente aplicado en la historia. Sin embargo, para analizar su eficacia, estas sanciones deben ser propiamente evaluadas como parte de la cartera más extensa de penalidades norteamericanas aplicadas a China por los abusos en Xinjiang, que incluye sanciones específicamente dirigidas contra individuos o instituciones en particular, restricciones a las exportaciones y limitaciones al mercado de capitales (Bhala, 2020).


De acuerdo con la literatura, las sanciones económicas en general resultan más eficientes si son realizadas multilateralmente a través de instituciones internacionales, si extraen costos económicos significativos sobre la economía objetivo, si son dirigidas contra aliados en vez de enemigos, si se imponen con objetivos de política moderados en vez de objetivos ambiciosos como cambio de régimen y si tienen como destino regímenes democráticos (Peksen, 2019).


Las sanciones aplicadas por Estados Unidos no cumplen con un número considerable de estas condiciones, o con ninguna de ellas. Por un lado, las sanciones son impuestas de forma unilateral y, debido a la interdependencia económica que China mantiene con varios actores del sistema internacional, es poco probable que un arreglo multilateral llegue a tomar lugar con el tiempo (Hendrix y Nolan, 2021a). De hecho, pocos actores del Norte global han seguido los pasos de Estados Unidos y, aquellos que lo han hecho, han enfrentado fuertes represalias de parte del gobierno chino (Bown y Keynes, 2020, 19m17s).


Por otro lado, los costos económicos que las sanciones logran extraer son muy limitados. Debido a que el mercado chino es de muy extensas dimensiones, las medidas que involucran restricciones al comercio con Xinjiang tales como la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur sólo afectan la pequeña fracción de la producción que se exporta al mercado internacional, que no se compara con los volúmenes que se comercializan a nivel doméstico. Por ejemplo, aunque China es una gran competidora global en la industria textil, el 88% de la producción es consumida dentro del país (Bown y Keynes, 2020, 20m35s). Denegar el acceso al mercado norteamericano no es en sí mismo una medida que contribuya a ninguna clase de ahogamiento de la economía china en este sentido.


La Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur también presenta, en sí misma, varios problemas de aplicación. Para certificar que las importaciones se encuentran libres del empleo de trabajo forzado, los importadores deben presentar evidencia clara y convincente que es típicamente adquirida por medio de auditorías realizadas por terceros. Estas terceras partes suelen ser organizaciones especializadas que observan las condiciones de trabajo en las instalaciones. Sin embargo, las autoridades chinas dificultan la operación de estas organizaciones, las detienen o las fuerzan a emplear interpretadores proveídos por el propio gobierno de China (Hendrix y Nolan, 2021b; Hendrix, 2021).


Otro gran problema que presenta la medida es que su aplicación es exclusiva a productos provenientes de la región de Xinjiang. Sin embargo, se ha hallado evidencia de programas gubernamentales que distribuyen y relocalizan mano de obra forzada uigur hacia compañías localizadas en otras regiones de China. Por ende, el monitoreo de las cadenas de suministro globales no es exhaustivo ni garantiza en su totalidad la ausencia del trabajo forzado en la producción (Hendrix y Nolan, 2021b; Hendrix, 2021).


Conclusión


Debido a la posición de poder que goza China en el sistema económico internacional, no sólo los efectos adversos de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur pueden afectar el comercio a nivel global, sino que la efectividad de la medida en reprimir los abusos puede no ser la suficiente como para justificar esos costos. En efecto, la medida resultaría amenazadora en el caso de una economía más aislada, menos interdependiente y más pequeña. Dado que ninguna de estas características es aplicable a China, la medida, al menos en la forma en que es implementada actualmente, no supone amenazas significativas al país. Cabe cuestionarse, entonces, el incentivo norteamericano de imponer reiterativamente sanciones unilaterales a pesar de su poca probable efectividad en aliviar la situación de los derechos humanos en Xinjiang. Quizás el propósito último es sólo desligarse de los abusos y mantener una reputación limpia en el sistema internacional más que cambiar la situación en sí, o quizás Estados Unidos vio en la crisis de Xinjiang una oportunidad de debilitar su dependencia económica con China de forma moralmente justificada.


Bibliografía


Bhala, R. (2020). China’s Uyghurs, Human Rights, and America’s Trade Sanctions. Journal of the National Human Rights Commission, India, 101(2020). Recuperado de: https://ssrn.com/abstract=3770047


Bown, C. & Keynes, S. (Anfitriones). (2 de diciembre de 2020). Xinjiang’s forced labor, supply chains, and trade sanctions (N° 145) [Episodio de podcast]. En Trade Talks. Spotify. Recuperado de: https://open.spotify.com/episode/2K277Mp3j2OjkJMpvYGIGP


Hendrix, C. S. (25 de junio de 2021). Third-party auditing won’t solce US solar industry’s Xinjiang problem. Peterson Institute for International Economics. Recuperado el 3 de marzo de 2022 de: https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/third-party-auditing-wont-solve-us-solar-industrys-xinjiang


Hendrix, C. S. & Nolan, M. (2021a). Assesing Potential Economic Policy Responses to Genocide in Xinjiang. (Policy Brief 21-14). Recuperado de: https://www.piie.com/sites/default/files/documents/pb21-14.pdf


Hendrix, C. S. & Nolan, M. (2021b). The US response to forced labor by Uyghurs in China is constructive but incomplete. Peterson Institute for International Economics. Recuperado el 3 de marzo de 2022 de: https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/us-response-forced-labor-uyghurs-china-constructive-incomplete


Peksen, D. (2019). When Do Imposed Economic Sanctions Work? A Critical Review of the Sanctions Effectiveness Literature. Defence and Peace Economics, 30(6), 635-647. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/10242694.2019.1625250


Xu, V. X., Cave, D., Leibold, J., Munro & Ruser, N. (1 de marzo de 2020). Uyghurs for sale. ‘Re-education’, forced labour and surveilance beyond Xinjiang. Australian Strategic Policy Institute. Recuperado el 3 de marzo de 2022 de: https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale


Editado por Candela Silva Carrera.




30 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
Novedades 1
bottom of page