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Por Michelle Goyhman
Estudiante de Ciencia Política y Abogacía (Universidad de Buenos Aires)
Comité de Genero y Derechos Humanos
Palabras clave: LBGTIQ+, Cupo laboral, América Latina, Argentina, Inclusión.
El colectivo LGBTIQ+ es una comunidad históricamente discriminada, estigmatizada, que fue víctima de diversas violaciones a los derechos humanos. En América Latina, sin embargo, el movimiento ha conquistado a lo largo de los últimos diez años una multiplicidad de derechos que convirtieron a la región en una de las más progresistas del planeta. Más allá de que todavía queda un largo camino por recorrer, el cupo laboral para el colectivo trans y travesti es una realidad bastante cercana en algunos países latinoamericanos.
El colectivo LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Travestis, Intersexuales, Queer y otras identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales no incluidas en las anteriores) es una comunidad históricamente discriminada, estigmatizada, que fue víctima de diversas violaciones a los derechos humanos. En América Latina, sin embargo, el movimiento ha conquistado a lo largo de los últimos diez años una multiplicidad de derechos que convirtieron a la región en una de las más progresistas del planeta.
Esto es observable en la legislación internacional, en donde es posible advertir como prácticamente todos los países —excepto por Guyana— firmaron la declaración de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU)sobre orientación sexual e identidad de género. Asimismo, en la normativa nacional, hay ocho países de la región —Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, México y Uruguay— que reconocen el matrimonio igualitario, y siete países —Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guayana Francesa, México y Uruguay— que tienen legislación en materia de adopción por parte de parejas del mismo sexo.
La necesidad de acciones afirmativas para el colectivo trans y travesti
Haciendo foco en la población trans y travesti, podemos ver cómo la legislación y jurisprudencia de diversos países siguen la misma línea, habiendo seis—Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Uruguay— que reconocen el derecho a la identidad de género autopercibida sin necesidad de operaciones genitales (Quiteria, 2017). No obstante, esta línea no continúa en el marco de la realidad social.
A pesar de que la ONU haya expedido los Principios de Yogtakarta que garantizan, entre otras disposiciones, el derecho a un trabajo digno sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, hoy en día es una realidad que en Latinoamérica y el Caribe, un 90% de las mujeres trans ejerce el trabajo sexual (RED LACTRANS, 2014). Puede considerarse que esto se debe a una histórica discriminación estructural que no solo le impuso múltiples barreras al colectivo para insertarse en el mercado laboral de manera formal, sino que también lo convirtió en sujeto de una imposición social hacia el sistema prostituyente.
Este entorno excesivamente vulnerable, acontecen situaciones de violencia extrema y persecución que usualmente devienen en transfemicidios y travesticidios, frente a los cuales los Estados suelen hacer absoluta omisión, lo que implica que aquellos quienes perpetraron el delito, permanecen impunes. El colectivo trans y travesti no solo sufre discriminación y violencia en el ámbito laboral, sino que de la misma manera ocurre en varias esferas de la sociedad, como por ejemplo en la educación, en donde según un informe de la CEDAW realizado en 2016, seis de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres trans habían abandonado la escuela en el nivel secundario a causa de la discriminación.
Fuente: Gutraich, A. (2020). Agencia Presentes.
Lo mismo ocurre en la esfera de la salud pública, observable en el mismo informe, el cual indica que un 34% de las mujeres trans y travestis latinoamericanas padecen VIH y sufren serios problemas para acceder a tratamientos. Como resultado de esta discriminación estructural, se calcula que las personas trans y travestis tienen una expectativa de vida de 35 años en la Argentina (CEDAW, 2016).
Los datos mencionados logran cristalizar una falta de compromiso por parte de los Estados para hacerle frente a las situaciones de discriminación contra la diversidad sexual que ocurren constantemente en la región y en el resto del mundo. Frente a la falta de resultados de las legislaciones existentes, desde hace varios años se busca impulsar acciones afirmativas:
Estas pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la actualidad o en el momento de su aplicación, corregir la pasada y evitar la futura, además de crear oportunidades para los sectores subordinados. Se trata de políticas concretas que sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades. Y son necesarias para vencer las resistencias al cambio, las dificultades, obstáculos y limitaciones que se levantan por doquier sembradas a diestra y siniestra en el largo y difícil camino hacia una igualdad de oportunidad verdadera. (I)
Lo que buscan este tipo de acciones y en particular las que se relacionan a la inserción laboral de grupos históricamente discriminados —como la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política— es llevar a cabo el cambio cultural, con el fin de cambiar las estructuras que constantemente avalan situaciones de estigmatización y exclusión en la sociedad.
Más allá de que todavía queda un largo camino por recorrer, el cupo laboral para el colectivo trans y travesti es una realidad bastante cercana en algunos países latinoamericanos. Bolivia, Ecuador, México y Peru son ejemplos en los que se presentaron proyectos de este tipo o existen marcos institucionales que buscan fortalecer el acceso al trabajo para personas LGBTIQ+.
Uruguay logró en 2018 sancionar una legislación que integra acciones afirmativas para el colectivo trans — habiendo promulgado la Ley Integral para Personas Trans, que entre sus resoluciones, ordena un cupo laboral de uno por ciento en la administración pública para personas trans y travestis—. Una vez establecido el campo de las normativas y el estado de las políticas a nivel regional, la pregunta en cuestión es: ¿en dónde se encuentra Argentina frente a la legislación de un cupo laboral trans y travesti?
La lucha por el cupo trans y travesti Argentina
Es factible afirmar que este país es el que se encuentra más actualizado en materia de inserción laboral trans y travesti —sin contar Uruguay que incorporó dicha norma en 2018—. Habiéndose convertido en la primera jurisdicción de América Latina en legalizar la unión civil, Argentina lucha por una acción positiva sobre la inserción laboral trans y travesti desde hace años.
Más de diez proyectos de ley que buscaban llevar a cabo acciones para promover la inserción laboral en el ámbito formal para las personas travestis y trans rondaron por las comisiones del Congreso, debido a que según la “Guía de acciones para una inclusión sociolaboral de travestis, transexuales y transgéneros” formulada por el PNUD en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el 94,8% de las personas trans en Argentina no se encuentra incorporada al mercado de trabajo formal.
Hay cinco provincias que aprobaron legislaciones al respecto, sin embargo, ninguna lo cumple todavía. Una de ellas es la Provincia de Buenos Aires, cuyo proyecto fue iniciativa de la líder travesti y activista por los derechos humanos Diana Sacayán. En septiembre de 2015 se aprobó dicha ley, un mes después, Diana fue asesinada en su departamento. Sin embargo, no fue hasta el 2019 que dicha ley fue reglamentada. Luego de la Provincia de Buenos Aires, le siguieron Chaco, Chubut y Rio Negro en 2018, y Santa Fe en 2019. Además, hay una multiplicidad de municipios de 14 provincias distintas que a falta de leyes provinciales aprobaron iniciativas propias.
Fuente: Aliberti, A. (2018). Agencia Presentes.
No obstante, se buscaba conseguir una política de Estado a nivel nacional que logre implementarse en todo el país, en parte por la falta de resultado de las normativas provinciales y municipales. Frente a esto, el 23 y el 30 de junio de 2020 se llevaron a cabo reuniones informativas en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir sobre los distintos proyectos que vienen circulando en el Congreso desde hace años. Entre los diversos proyectos nacionales, aquellos que resaltaban eran la Ley Diana Sacayán, de cupo laboral travesti trans, y la Ley Lohana Berkins, de inclusión laboral formal trans y travesti. Una importante distinción entre estas la señaló Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans y de la Convocatoria Federal:
"La diferencia entre cupo e inclusión es que el cupo plantea un techo, un número limitado, mientras que la inclusión habla de compromiso, acompañamiento, un proceso más amplio y que incluye tanto el ámbito público como el privado".
Por fuera de lo esperado, el 3 de septiembre, el Poder Ejecutivo Nacional se adelantó al Congreso y en el Boletín Oficial fue publicado el Decreto 721/2020. En el mismo se indica:
ARTÍCULO 1º.- CUPO LABORAL. Establécese que, en el Sector Público Nacional, (…) los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al UNO POR CIENTO (1%) de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.” (Decreto 721/2020)
En adición al cupo mínimo, este DNU reglamenta la creación de un registro de anotación voluntaria para personas travestis, transexuales y/o transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el sector público nacional, la capacitación del personal, y la creación de una unidad interministerial para elaborar un plan de implementación de la normativa, garantizar su cumplimiento y promover mecanismos de acompañamiento para la permanencia en el empleo.
Por fuera de las diferencias que el colectivo trans y travesti tenía en torno a los distintos proyectos de ley, había un mismo objetivo en la mira: lograr garantizar lo más rápido las condiciones que disminuyan la situación de vulnerabilidad que sufre el colectivo, en especial bajo el contexto actual de pandemia. Frente a esto se espera que esta nueva conquista sea efectiva y logre generar el cambio estructural por el que se viene luchando desde hace años.
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