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La pandemia del Covid-19 trajo consigo un nuevo rol del Estado en la sociedad. La rápida propagación del virus a través de la circulación de personas obligó a los gobiernos a aplicar medidas impensadas años atrás, tales como la suspensión de clases presenciales, la obligación de restringir actividades económicas declaradas “no esenciales” y el cierre de fronteras, afectando las fuentes de trabajo de muchos ciudadanos además de perjudicar enormemente la calidad de vida. En la provincia de Formosa, el accionar estatal ha generado controversias en las últimas semanas debido a las medidas sumamente restrictivas que se han dispuesto.
A medida que la medicina logró un mayor conocimiento de la enfermedad y distintas estrategias para volver a una nueva normalidad dieron resultados positivos, las medidas restrictivas fueron relajándose y aquellos sectores económicos afectados pudieron volver a funcionar y los ciudadanos volvieron a disfrutar de aquellas actividades de ocio que les habían sido privadas durante el aislamiento.
El caso de Argentina se desarrolló de una forma similar a como se dio en la mayoría del resto del mundo. En un principio, el gobierno nacional, producto del desconocimiento que había sobre el virus, centralizó la política sanitaria y declaró una cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional, la misma se extendió por diversos meses y fue sumamente restrictiva afectando profundamente la actividad económica y la calidad de vida de los argentinos.
A medida que transcurrieron los meses, la realidad epidemiológica en las 24 jurisdicciones del país evolucionó de manera sumamente diversa. Esto dio origen a un proceso de descentralización del manejo de las restricciones, donde los distintos gobernadores e intendentes formularon sus propias medidas teniendo en cuenta la situación sanitaria en sus respectivas provincias y municipios.
Ya en marzo del 2021, a un año del inicio de la pandemia, en la Argentina se puede ver que mientras el gobierno federal se encarga de gestionar el suministro de vacunas y de restringir el acceso de extranjeros por medio del cierre de fronteras debido al temor por las nuevas cepas del virus, los distintos gobiernos subnacionales son los que se encargan de delinear las políticas sanitarias que afectan el día a día de los ciudadanos. Estos gobiernos actúan de manera completamente distinta y un caso en particular, el de la provincia de Formosa, ha obtenido mucho revuelo en las últimas semanas debido a las medidas sumamente restrictivas que el gobierno formoseño ha dispuesto.
Fuente: AiresOnline
Antes de adentrarnos en la política sanitaria desplegada por el gobierno formoseño, es necesario mencionar las características económicas y políticas de la provincia. Con respecto a la economía, Formosa es una provincia cuyos ingresos provienen mayoritariamente de la coparticipación federal de impuestos, ya que la recaudación provincial es escasa. Según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), los recursos provenientes del régimen de reparto tributario significaron el 93,4 % de los recursos totales de la provincia en el año 2019.
Esto demuestra la enorme dependencia de la economía subnacional sobre la recaudación nacional. En términos de empleo público también se encuentra por encima del promedio general. Según un informe de la Fundación Libertad, el cual utilizó como referencia los últimos datos disponibles en el Ministerio del Interior sobre empleo público provincial, en Formosa hay 167 empleados públicos cada 100 trabajadores privados mientras que el promedio del total provincial es de 35 por cada 100. Este dato deja en evidencia el importante peso que tiene el Estado en la economía provincial.
Con respecto al ámbito político, la provincia es gobernada desde 1983 por el peronismo y desde 1995, de manera ininterrumpida, por el gobernador Gildo Insfrán. El mandatario provincial se encuentra en el cargo desde hace 26 años y ha conseguido victorias electorales sospechosamente abultadas ya que desde las elecciones provinciales de 2003 supera el 70% de los votos.
La bibliografía de la ciencia política categoriza a estos tipos de regímenes como “autoritarismos competitivos” o “regímenes híbridos” que se caracterizan por no cumplir con la definición mínima de democracia, es decir, el respeto a las libertades civiles básicas y el cumplimiento de los derechos políticos pero donde las instituciones democráticas son más que simples fachadas ya que el oficialismo puede perder las elecciones ante candidatos opositores fuertes y existe una división formal de poderes con un Poder Legislativo con alguna presencia opositora. El académico Carlos Gervasoni los caracteriza de la siguiente manera:
“Los regímenes híbridos provinciales tienen por un lado elecciones multipartidarias con voto universal, pero los candidatos oficialistas superan masivamente a los opositores en términos de recursos de campaña y cobertura mediática; de la misma forma, son generalmente liberales en lo que hace al derecho a la vida y la libertad física de los opositores, pero al mismo tiempo los hostigan con medidas represivas blandas.”
Esto quiere decir que existen elecciones libres en Formosa, pero el gobernador Insfrán, al encontrarse en el poder desde 1995, cuenta con el manejo de un poderoso y aceitado aparato estatal que lo beneficia sobre sus contrincantes ya que ejerce un control sobre los medios de comunicación provinciales, tiene organizadas eficientes redes clientelares y cuenta con importantes recursos económicos, políticos y administrativos que, a la hora de llevarse a cabo los comicios, inclinan la cancha en su favor.
Una vez realizada una caracterización política y económica de Formosa, podemos analizar la política sanitaria llevada a cabo por el gobierno provincial para evitar la propagación del coronavirus y las consecuencias que la misma ha traído a su población. En cuestión de números, la provincia registra, hasta el nueve de marzo de 2021, un total de 1538 casos positivos y 20 muertes sobre una población total de 574.000 habitantes.
Sin lugar a duda, son números que marcan que la situación sanitaria está lejos de salirse de control. Sin embargo, Formosa no es noticia por los pocos casos que se reportan en ella, sino por las extremas medidas que el gobierno ha dispuesto desde el inicio de la pandemia, las cuales algunas atentan contra los derechos humanos. Una de las medidas que más notoriedad pública tomo fue la prohibición del ingreso al territorio de la provincia a miles de ciudadanos formoseños que se encontraban fuera de la misma en el momento en que la cuarentena obligatoria fue declarada. Muchos de ellos quedaron varados ya que fueron imposibilitados de regresar a sus hogares por buena parte del 2020 y algunos decidieron acampar durante meses a metros de la frontera entre Formosa y Chaco.
Finalmente, ante el atropello que esto significaba a los derechos de estos ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia dispuso, el 19 de noviembre del 2020, que la provincia debía permitir el acceso de las personas varadas. Otra medida polémica es la que obliga a todas las personas que hayan sido diagnosticadas con Covid-19 o sean un vínculo cercano de la misma o incluso sean un caso sospechoso, a hacer una cuarentena de 14 días o más en centros de aislamiento acondicionados por el Estado provincial.
Es decir que los formoseños están obligados a abandonar sus casas y realizar el aislamiento en lugares donde muchas veces las mínimas condiciones de higiene no se cumplen y donde, en reiteradas oportunidades, personas que estuvieron allí reportaron que no los dejaban salir a pesar de tener resultados de hisopados negativos con la excusa de que los resultados de los tests podían ser defectuosos por lo que se veían obligados a permanecer aislados hasta que las autoridades lo dispongan sin ningún criterio objetivo.
La situación es sumamente grave ya que los formoseños son privados de su libertad y llevados a sitios donde las condiciones de vida distan de ser las adecuadas. Un hecho desencadenante de intensas protestas sociales fue la decisión del gobierno de reforzar las medidas restrictivas en todo el territorio de la provincia luego de reportar 22 casos nuevos en un día a principios de marzo del 2021.
Esto exasperó los ánimos de los habitantes que salieron a las calles en distintas ciudades de la provincia para protestar contra la imposición de más restricciones en lo que muchos formoseños comentan, fue la primera protesta contra Insfrán en 26 años al frente del ejecutivo provincial. Las protestas, sobre todo en la capital, fueron contrarrestadas por las fuerzas policiales en una brutal represión que preocupo incluso a organismo internacionales de Derechos Humanos.
Los reclamos en las movilizaciones fueron múltiples, pero un factor común que llevó a la ciudadanía a las plazas de sus ciudades fue el cansancio sobre medidas que afectan enormemente la vida de los ciudadanos tales como la obligación de realizar una cuarentena de 14 días en centros de aislamiento provinciales si uno traspasa la frontera subnacional. La imposibilidad de viajar a otras provincias es difícil de cumplir para muchos formoseños que necesitan realizarse estudios médicos en Chaco, ya que la infraestructura médica de Formosa tiene enormes carencias.
Otras medidas que enfurece a los ciudadanos es la imposibilidad de visitar a familiares que se encuentran en otras ciudades de la misma provincia, el cierre de actividades que son fuentes de trabajo de muchas personas como actividades recreativas o gastronómicas y demás demandas que demuestran que el desgaste de la población es enorme.
Nadie sabe cómo se desarrollarán los hechos en los próximos días en Formosa, la realidad es que la ciudadanía está agotada de restricciones que atentan contra la libertad individual y el gobierno provincial debería entenderlo. Esto nos deja una serie de interrogantes a profundizar ¿Hasta qué punto puede avanzar el Estado sobre los derechos de la sociedad para manejar una situación tan delicada como la del Covid-19? ¿Es motivo suficiente una pandemia para suspender derechos tan básicos como los de circular libremente o incluso trabajar? El ejemplo de Formosa debería servirnos como respuesta.
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