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Durante los últimos meses, Brasil ha sido sinónimo de inestabilidad política y social. Dentro de las numerosas denuncias presentadas contra el actual presidente, destacan particularmente dos realizadas por la Fiscalía General, al mismo tiempo que los medios de comunicación reproducen encuestas sobre los bajísimos niveles de aprobación del Gobierno de M. Temer. En contrapartida, durante la actual administración, el Congreso ha sancionado importantes reformas, particularmente en materia presupuestaria y laboral, las cuales delimitan el escenario de debate de cara a las elecciones previstas para octubre de 2018.
La Constitución de Brasil, establece que es el Superior Tribunal Federal de Brasil quien tiene la potestad de “procesar y juzgar originariamente al presidente” en las infracciones penales comunes. Sin embargo, la decisión sobre la admisibilidad de la acusación y por ende la instauración de un juicio penal contra un mandatario en pleno ejercicio del poder, es potestad exclusiva de la Cámara de Diputados. Es decir, que al análisis jurídico sobre la viabilidad de la denuncia es precedido por un análisis político realizado por la Cámara de Diputados. Como consecuencia, el Poder Judicial no puede pronunciarse hasta tanto la Cámara de Diputados no avale, por dos tercios de sus miembros (342 de 513), el inicio de un posible juicio penal contra el presidente. Es por estos motivos que la primer denuncia, por supuesta corrupción pasiva, presentada por el Fiscal General de Brasil ante el Superior Tribunal Federal de Brasil no prosperó ya que los cargos fueron rechazados por 263 de los miembros totales.
Actualmente, una segunda denuncia por asociación ilícita y obstrucción a la justicia, presentada por la misma Fiscalía General, se encuentra en trámite ante la Comisión de Constitución y Justicia, dependiente de la Cámara de Diputados. En caso que el resultado de esta nueva votación fuese favorable a la remoción, los jueces del Supremo Tribunal deberían definir si abren o no un juicio contra Temer, y recién allí podría producirse su apartamiento del cargo. Sin embargo, en caso que la Cámara Baja vuelva a pronunciarse por la negativa, el Presidente no podría volver a ser acusado sobre la misma base en este mandato. Es decir que la investigación por los hechos imputados tanto en la primer denuncia como en esta segunda solo podrá continuar una vez que Temer le entregue el poder al ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018.
La constante inestabilidad política ha sido el escenario también para que el Congreso de Brasil sancionara, a propuesta del poder Ejecutivo, nueva legislación en materia presupuestaria y laboral. En una primera medida, a través de una enmienda constitucional, se estableció un techo para el gasto público de ese país por los próximos 20 años el que se actualizará únicamente por inflación. Posteriormente, se modificó el régimen laboral (Consolidación de las Leyes del Trabajo) que transforma profundamente las reglas del empleo privado y cuyos puntos más sobresalientes son la posibilidad de hacer prevalecer acuerdos por empresa y a nivel individual sobre las convenciones colectivas de empresa y por actividad, la creación de una figura para prestar servicios a un único empleador pero sin el vínculo laboral permanente, la posibilidad de tercerizar la actividad principal de un establecimiento y la no obligatoriedad de la contribución a los sindicatos.
Más allá de la valoración jurídica que le corresponde a la nueva legislación, la sanción de este nuevo régimen por parte de Brasil, generará repercusiones en nuestro país, así también como en otros países de la región.
Por un lado, podría representar serios inconvenientes para el sector industrial nacional que, en un proceso de apertura gradual de la economía argentina, se ve en dificultades de competir por las mismas inversiones extranjeras que Brasil. El país vecino presenta no sólo un mercado mucho más grande e industrializado, sino ahora también, sensiblemente más competitivo, lo que provocaría el desvío de eventuales inversiones hacia ese país.
Por el otro, si bien el gobierno nacional afirmó que no cuenta con un proyecto de reforma laboral propio y que de propiciarse será fruto de un consenso legislativo, lo recientemente implementado en Brasil naturalmente auspiciará de antesala para un debate sobre eventuales reformas. Argentina y Brasil poseen mercados laborales distintos, por lo que el eje de una eventual reforma nacional no deberá basarse únicamente en la reducción de los costos laborales, sino que deberá analizar los nuevos patrones tecnológicos que existen actualmente así como otros elementos particulares del mercado laboral argentino.
Por último, la nueva legislación brasilera, incomodaría también a otros miembros del Mercosur quienes se ven amedrentados por la mayor competitividad que la reciente reforma podría otorgar a Brasil por sobre ellos, así como por el hecho de que el diferencial en la competencia se obtenga principalmente del abaratamiento del costo de la mano de obra. Como consecuencia de esto, algunos miembros del Mercosur demostraron preocupación por la nueva legislación brasilera. Así, Uruguay expresó la idea de convocar a una reunión del bloque para analizar el asunto a través de una Comisión que evalúe la situación laboral en Brasil particularmente respecto del Declaración Sociolaboral del Mercosur del 2015, un documento obligatorio suscripto por sus miembros sobre derechos de los trabajadores.
Como conclusión, se puede observar que pese al gran clima de inestabilidad social y político en Brasil, y pese a las múltiples denuncias y procesos en contra del actual presidente, la Cámara de Diputados parecería no tener la mayoría necesaria para propiciar el enjuiciamiento de Temer ante el Superior Tribunal, por lo que las probabilidades de que cumpla el mandato que inició como vicepresidente, se mantienen. Paralelamente, es el mismo Congreso quien ha aprobado las recientes reformas del país, que conflictúan una ya debilitada relación entre los países miembros del Mercosur. Las recientes reformas delimitarán el debate de cara a las próxima elecciones no sólo en Brasil y en Argentina, sino en toda la región.