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Por Juan Manuel Conde Carcano
Estudiante de Ciencia Politica (UBA)
Comité de Geopolitica y Relaciones Internacionales
Palabras clave: Conectividad,Internet, inclusion digital, desigualdad, Latinoamerica.
La situación pandémica puso de manifiesto e intensificó las problemáticas propias de nuestra región. El aislamiento social al que se sometieron muchos países del mundo supuso rupturas y profundos cambios en las cotidianidades, dándose un proceso de transformación y resignificación de gran parte de las actividades humanas.
Uno de los fenómenos que caracterizó este proceso fue la utilización de los medios digitales, y particularmente de Internet, para la realización y el desarrollo de actividades que previamente eran realizadas de forma presencial como es el caso de la educación, el trabajo y las reuniones sociales entre otras.
Este pasaje de lo presencial a lo virtual dejó en evidencia una problemática de suma relevancia como es la brecha digital entre los “conectados” y “no conectados”. Esta disparidad social se puede cristalizar a través del concepto de fractura digital, expresando la desigualdad en el acceso a las tecnologías de la comunicación, haciendo énfasis en la cuestión social que la atraviesa.
En la sociedad digitalizada en la que vivimos resulta problemático que un elevado porcentaje de la población no tenga acceso a Internet. En concreto, según datos de Internet World Stats, más del 58% de la población mundial no tiene acceso a Internet. En el caso de Latinoamérica, los números son mejores pero aún problemáticos, dado que se registra que un 30% de la población se encuentra digitalmente excluida. Aún así, dentro del grupo de quienes acceden a Internet también existen grandes desigualdades. Esto se debe a que, logicamente, no es lo mismo acceder desde el hogar que tener que recurrir a espacios públicos. Según especialistas:
“[…] la inclusión digital es un elemento crucial para enfrentar las desigualdades socioeconómicas en la región, donde los servicios de acceso a Internet son considerados esenciales para garantizar el bienestar de los ciudadanos”
Fuente: Infobae
Asi mismo, es necesario analizar los factores que influyen en esta brecha digital y el acceso desigual a la conectividad en América Latina. En esta materia, Galperín hace hincapie en:
“[...] los déficits en la infraestructura de telecomunicaciones, baja densidad de población, falta de capital humano, pobreza, y un marco regulatorio inadecuado”.
Asimismo, señala que a estos ejes se suma la falta de capacitación en el uso de las tecnologías de la comunicación, haciendo referencia a aquellos que carecen de conocimientos y habilidades para el manejo de dispositivos electrónicos. A sabiendas de la importancia de la extensión y la democratización de las redes de conectividad y acceso a las tecnologías de la comunicación e información, hace ya varios años los Estados nacionales vienen impulsando planes y políticas públicas con ese objetivo. Aún así, la coyuntura sanitaria extremó la necesidad de asegurar la conectividad a la mayor cantidad de personas posibles.
Actualmente la brecha digital constituye un problema mayor el cual es previo a la pandemia y que “[...]compromete el éxito de las medidas que los gobiernos han tomado como respuesta al COVID-19”.
Las medidas adoptadas por los gobiernos con el objetivo de asegurar la continuidad de manera virtual del trabajo, la educación, el tratamiento de enfermedades crónicas, la realización de trámites, entre otras, dependen de la posibilidad de acceder a los medios necesarios para esto. Un ejemplo concreto de esto es la continuidad educativa.
Según datos del Observatorio Argentinos por la Educación, casi el 20% de los estudiantes de nivel primario, así como el 16% de los estudiantes secundarios, no tienen acceso a Internet en sus hogares. En ese informe se advierte de la enorme desigualdad y déficit que esto supone, ya que “[...] en el contexto de la pandemia solo los niños con PC y banda ancha acceden al contacto en línea con el docente y a las plataformas educativas”.
Es por esto que desde el gobierno nacional se buscaron formas alternativas -que no precisen de internet- para asegurar la continuidad educativa; en concreto, contenido en la televisión abierta y cuadernillos de actividades. No obstante, es enorme la desventaja de quienes sólo pueden acceder a estos contenidos frente a quienes cuentan con la posibilidad de tener clases online y vínculo con sus docentes.
En este sentido, las medidas de emergencia adoptadas por diversos gobiernos latinoamericanos se focalizaron en asegurar y facilitar el acceso a Internet. En Brasil, mediante el decreto 10.282 se estableció la esencialidad de los servicios de telecomunicaciones y el deber de asegurar estos mediante la pandemia. En Bolivia, la Autoridad de Telecomunicaciones manifestó la importancia de asegurar la continuidad del servicio y el respeto de los derechos de los consumidores. En Colombia, con el decreto 464, también se estableció la esencialidad de los servicios de telecomunicaciones, prohibiendo la suspensión por falta de pagos. Lo mismo sucedió en Ecuador y Perú, donde los entes reguladores ARCOTEL y OSIPTEL respectivamente, dispusieron la prohibición de la suspensión de servicio por falta de pagos. Estos son algunos ejemplos de este tipo de política pública que se dieron en varios países de nuestra región.
Asimismo, y la medida más cercana en el tiempo, el pasado 22 de agosto, el gobierno argentino decretó -DNU. 690- esenciales los servicios de telecomunicaciones e internet. De esta forma se preveé una mayor regulación del Estado, el congelamiento de tarifas y la búsqueda del establecimiento de una tarifa básica, la cual buscará asegurar el acceso a un plan básico del servicio con un precio asequible para los sectores más vulnerables.
No obstante, este proceso de inclusión digital debe ser un objetivo de los Estados a largo plazo. Segun un informe de UNESCO, se recomiendan ciertos ejes a tener en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas para la disminución de la brecha, teniendo en consideración las principales barreras para el acceso como son el caso de la asequibilidad, las habilidades digitales y las relevancia, de igual manera que la profundización del marco regulatorio orientado a estimular la competencia en el mercado y la importancia de desarrollar políticas “que orienten las inversiones privadas y las complementen en áreas de baja rentabilidad económica y alto impacto social”.
Este último punto es esencial en Argentina, donde el mercado de las telecomunicaciones se encuentra concentrado en muy pocas manos; por ende, la coordinación entre el sector público y su contraparte privada, así como el establecimiento de marcos regulatorios tienen un rol central en la planificación de políticas públicas orientadas a la inclusión digital.
Para concluir, resulta relevante que las problemáticas que tomaron mayor visibilidad a partir de la pandemia no queden nuevamente debajo de la alfombra una vez retomada la “nueva normalidad”. Tal y como indica la UNESCO, la tecnología y la conectividad van a tomar un papel cada vez más central en las próximas décadas. La declaración de esencialidad de los servicios de telecomunicaciones por gran parte de los Estados latinoamericanos es condición necesaria, pero no suficiente, para el avance hacia la inclusión digital. Se debe dar en sintonía con mejoras en la infraestructura, instrucción, capacitación y accesibilidad a las poblaciones digitalmente analfabetas y excluidas, al igual que las mejoras en la asequibilidad del servicio, la cual depende en importante medida de la regulación del mercado de proveedores de servicio para favorecer la desconcentración y una mayor competitividad del sector.
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