Por María Florencia Taddei Farfán y Pedro Javier Funes
Abogada diplomada en Derecho Constitucional Profundizado y Lic. Relaciones Internacionales
Comité de Agenda Pública Argentina, políticas comparadas e inserción al mundo
Palabras clave: educación, impacto social, desigualdad, COVID-19.
Una gran brecha de desigualdad aumenta producto de la suspensión de las clases presenciales afectando de manera desproporcionada a niñas, niños y jóvenes de los sectores vulnerables de Argentina. En el siguiente artículo analizamos los efectos de la cuarentena en el ámbito educativo y los desafíos que se enfrentan a la hora de garantizar el derecho a la educación.
El coronavirus vino a exponer y poner de manifiesto problemáticas que se evidencian desde hace décadas, pero la agenda pública no parecía poner su mira ahí. Una vez más, las estructuras tradicionales nos interpelan de cara a una nueva realidad que nadie esperaba.
Días antes del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/2020 en que el presidente estableció la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio; el Ministerio de Educación de la Nación dispuso la suspensión del dictado de clases presenciales en todos los establecimientos educativos del país mediante la Resolución Ministerial N° 103 de fecha 12 de marzo del 2020. No obstante, el sistema educativo no dictaminó la suspensión total de las clases (al menos en la mayoría de los casos) sino que se inició un proceso de transición hacia la modalidad virtual a modo de garantizar el distanciamiento social sin afectar los cronogramas de clases preestablecidos.
La definición de la continuación del dictado de clases en condición virtual en las universidades y establecimientos educativos para la segunda mitad de este año nos hace preguntarnos sobre el papel de la educación y cómo puede llegar a verse afectada por la pandemia.
“La Ley N° 26.206 en su artículo 2° define a la educación como un bien público y un derecho personal y social garantizados, por lo que es deber irrenunciable de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asegurar el diseño y despliegue de modalidades de trabajo que, sin sustituir a la escuela y contando con el compromiso de las y los docentes, permitan dar un soporte alternativo a la continuidad del ciclo lectivo 2020” (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2020; s/d)
La educación como derecho fundamental, intenta disminuir la pobreza y lograr la igualdad de oportunidades para hacer un quiebre en el círculo de pobreza sistémica en que se encuentran muchas familias.
“La educación es esencial para escapar de la pobreza crónica y prevenir su transmisión intergeneracional. La educación permite a aquellos empleados en el sector formal a ganar salarios más altos, cada año de educación está asociado con un incremento salarial de alrededor del 10%” (UNESCO, 2014; s/d)
Las autoridades nacionales y provinciales trabajaron arduamente en acciones que impulsaron con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema educativo durante la crisis del coronavirus (CIPPEC). Algunas de ellas son: el acceso a los contenidos pedagógicos, el fortalecimiento de la conectividad y ampliación de la infraestructura digital, el acompañamiento a los docentes, etc.
Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos se ordenó la distribución de los cuadernillos entre los estudiantes de escuelas rurales (Consejo General de Educación, 2020). A su vez, algunas provincias desarrollaron múltiples estrategias para garantizar el acceso a contenidos educativos digitales, tal es el caso de Misiones, donde la plataforma Guacurarí, destinada originalmente para las escuelas técnicas, hoy en día se acondicionó para los distintos niveles educativos (Infobae, 2020). En el marco del COVID-19, la principal medida del gobierno – la cuarentena obligatoria- ha afectado gravemente a todos los niveles educativos (inicial, primario, secundario y universitario). Según la UNESCO (2020) globalmente hay 1,5 millones de estudiantes perjudicados, 91,3% del total de alumnos matriculados. En Argentina, se estima que alrededor de 14 millones de estudiantes están afectados por las medidas de cuarentena en todos los niveles.
El Ministerio de Educación de la Nación como primera medida dispuso el lanzamiento del programa “Seguimos Educando”. Apenas se decretó la suspensión de las clases presenciales, se dispuso difundir contenidos educativos para cada nivel académico (inicial, primario y secundario en las diversas áreas de la currícula) a través del portal edu.ar, la televisión pública y emisiones radiales. Por otro lado, se tomó la iniciativa de elaborar y repartir en todas las jurisdicciones del país, cuadernillos (en versión impresa) con actividades pautadas para cada día de aislamiento, las cuales también están disponibles en formato online. Todo ello, para asegurar la continuación del aprendizaje educativo de las niñas/os y jóvenes argentinos/as.

En el marco del Acuerdo de cooperación para la implementación de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, United Nations International Children's Emergency Fund, por su sigla en inglés (UNICEF), realizó la “Encuesta COVID. Percepción y actitudes de la población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas sobre la vida cotidiana”, en la cual se relevaron 2678 hogares a nivel nacional.
En ella se dio a conocer que el 81% de los hogares donde viven niñas/os y adolescentes está en contacto con el sistema educativo y recibe tareas escolares para realizar durante la cuarentena. Sin embargo, también reflejó y alertó que el 18% de los adolescentes del país no cuenta con internet en su hogar, el 37% no tiene una computadora disponible para poder continuar con su educación. De hecho, entre las familias beneficiadas por la Asignación Universal por Hijo la brecha se profundiza aún más; el 28% no cuenta con internet y el 53% estudia sin computadora.

Fuente: Infobae
“Debido a la pobreza y la brecha socioeconómica preexistente en la sociedad, la revolución de las TICs vienen a generar una nueva brecha y un nuevo tipo de pobreza: la digital. [...] La importancia de este tipo de pobreza radica en que las TICs se han vuelto un requisito para funcionar en la sociedad y ser un participante activo de ella” (Sánchez, s/d; pp 11)
Sin lugar a dudas, la pandemia ha demostrado con evidencias muy claras las enormes diferencias respecto a las condiciones en que viven y aprenden los niños de distintos estratos sociales. Es decir, la enorme fragmentación existente en la sociedad entre aquellos que están conectados y los que no están conectados, lo cual nos lleva a reflexionar que actualmente internet es una variable de equidad social.
De allí que en el caso de los sectores más vulnerables del país, donde los chicos aprenden en colegios rurales, lugar donde únicamente cuentan con internet y aprenden con sus profesores, se tornó un desafío mayor a raíz de esta situación. El hecho de no contar con internet en sus hogares, dio a conocer que algunos de ellos recurren al uso del celular para hacer la tarea escolar debido a la falta de computadoras.
Tal como se menciona en un artículo de La Nación (2020), de aquí en adelante queda claro que la alfabetización tradicional ya no es un indicador del grado de desarrollo de un país y que la falta de conectividad aísla y segrega como nunca antes. La escolarización no es suficiente. La alfabetización digital es apenas el primer paso, el nuevo marco.
Es imprescindible que exista igualdad en el acceso a los conocimientos y que lo aprendido sea potente, activo para el aprendizaje. Deben ayudar a fortalecer el capital social y cultural, hay que desarrollar la inteligencia comunitaria En una de las entrevistas recopiladas por UNICEF (2020) Noelia, una estudiante de la secundaria Los Gramajo - un paraje rural alejado en la provincia de Tucumán- cuenta su realidad:
“Desde que empezó la cuarentena, yo estudio en casa. Es decir, mi casa es como una especie de escuela virtual. Yo tengo dos hermanos más, y un solo teléfono. Al principio nos peleábamos para ver quien hacía primero las tareas”
En línea con lo anterior, la Universidad Torcuato di Tella realizó una investigación donde indagó respecto a la enseñanza remota que se viene dando en Argentina a comienzos de año, encuestando a directivos de 150 escuelas públicas y privadas tanto de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires (Katz, 2020). Dicha encuesta, reveló dos modelos de “escolarización remota de emergencia”, que varían de acuerdo al nivel socioeconómico del alumno. En el primer modelo, se utiliza WhatsApp como herramienta de vínculo para poder seguir educando; a través de esta herramienta digital los docentes envían consignas, textos para leer y ejercicios que los alumnos realizan en forma diferida. Por ende, tanto padres como docentes hacen uso de los datos del celular para poder mantener el aprendizaje del chico aunque se torna difícil la posibilidad de un seguimiento real del alumno. Este modelo de baja intensidad, se presenta en las escuelas con más del 25% de población vulnerable.
Es menester destacar cómo los desarrollos tecnológicos no llegan a todos los sectores sociales por igual debido a su capacidad adquisitiva. En relación a ello, Negroponte (1995) destaca los conceptos de “inforicos” e “infopobres”. En este sentido, quienes tienen acceso a la tecnología tienen acceso a la información y por ende al conocimiento mientras que el resto queda también relegado. Es decir, toma en cuenta dos variables: el nivel adquisitivo- lo cual permite el acceso a las herramientas tecnológicas- y el nivel cognitivo- aquél que tiene que ver con la alfabetización y el conocimiento informático.
El segundo modelo, propenso en las escuelas más favorecidas, hacen uso de Zoom u otra plataforma digital como herramienta principal, las cuales requieren de internet de alta velocidad. No obstante, y a diferencia con el primer modelo, los alumnos junto con los docentes recrean la escena de una clase tradicional sólo que de manera virtual pero permitiendo una interacción en el momento. No hay dudas que el sector de la educación no estaba preparado para la modalidad virtual, la falta de recursos y de estrategias claras dan cuenta de ello. La ausencia de una infraestructura con buena conectividad a internet en los hogares o la falta de acceso a un dispositivo electrónico es un impedimento que enfrentan miles de jóvenes que asisten a escuelas rurales en el país. Esta situación da cuenta de que la educación no es 100% equitativa, inclusiva ni de calidad en todo el territorio argentino, ya que se distribuye de manera sumamente desigual entre los diversos niveles socioeconómicos.
“Ley N° 27.078 en su artículo 18° dispone que el Estado Nacional garantiza el Servicio Universal entendido como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades” (ENACOM, 2020; pp s/d)
La realidad es preocupante y triste. Aunque todavía nadie sabe los impactos negativos que traerá o quedarán post-pandemia, podemos suponer que uno de ellos tendrá que ver con la educación. En particular, para los chicos con escasos recursos y posibilidades que no hayan podido seguir con sus actividades escolares al día implica la pérdida del año académico y también un problema de alfabetización.
En pos de garantizar el acceso universal a la conectividad a internet en este contexto en que resulta de suma importancia como vehículo educativo, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en su Resolución 477/2020, modifica el Artículo 19 del Reglamento General del Servicio Universal (Resolución ENACOM N* 2642/2016) a modo de establecer áreas para el diseño de programas para el cumplimiento de los derechos previstos respecto al Servicio Universal.
Elacqua y Schady (2020), miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) idearon y alientan a los líderes de las regiones a poner en marcha durante la post pandemia, las siguientes alternativas. A saber;
La extensión del calendario escolar o extender temporalmente la jornada cuando vuelvan a poner en marcha la apertura de los establecimientos educativos. Asimismo, como la crisis afectará más a los niños de sectores vulnerables, se podrían considerar programas de tutorías focalizadas en escuelas rurales o en aquellos niños de bajos recursos.
Se debería reforzar los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMCs) en el caso de Argentina; la Asignación Universal por Hijo (AUH) expandiendo su cobertura, ampliando los montos si fuera necesario para evitar que el chico tenga que postergar sus estudios para salir a trabajar.
Repensar y trabajar en un proyecto de reforma en cuanto a los sistemas de asignación de recursos para la educación para permitir y hacer que estos sean más eficientes y equitativos, mejorando así la calidad de la enseñanza en escuelas rurales. A su vez, esta crisis nos brinda la oportunidad de reflexionar no sólo sobre la mejor manera de usar la tecnología para fines educativos dentro y fuera del salón, sino también de las habilidades, aptitudes, conocimiento y recursos con que cuenta la gente de sectores de bajos ingresos.
En relación a la deserción escolar, un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA, 2020), señaló que cerca de seis de cada 10 varones de estratos urbanos bajos no finalizó la escuela, mientras que cuatro de cada 10 mujeres no la completó. En dicho estudio se menciona como principales causas de abandono; la temprana inserción en el mercado laboral fundamentalmente en contextos de bajos ingresos, la sobreedad y la paternidad o maternidad.
Otras de las causales que se menciona tiene que ver con el origen cultural y socioambiental de los jóvenes, es decir, si viven en lugares cercanos a ofertas educativas, si recibieron el estímulo adecuado desde niños, el nivel educativo de los progenitores, el acompañamiento a los hijos y el apoyo social estructural.
En definitiva, la pandemia ha presentado serias implicaciones para la educación no sólo en el país sino en toda la región, incluyendo posibles aumentos en la deserción, menores niveles de aprendizaje, una gran desigualdad en los resultado, entre otras desfavorables situaciones.
Desde ya, que la desigualdad educativa se agrandará no sólo por la cuestión digital sino también por las condiciones en que los chicos pueden aprender en sus hogares durante la pandemia y por la formación de sus padres para ayudarlos. Ya lo aseguró y reconoció el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en una entrevista al diario La Nación:
“Vamos a tener que desplegar un programa específico porque habrá un desgranamiento más marcado. Vamos a tener que ir a buscar a muchos para que vuelvan. Pondremos el acento en ver cómo revertimos esa desigualdad” (Origlia, 2020; pp s/d).
Ante este contexto, es importante que se trabaje en el desarrollo de políticas públicas educativas que tengan como objetivo eliminar o mitigar a largo plazo, estos efectos negativos que nos deja el COVID-19 en el sector educativo.
Bibliografía
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