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Por Mercedes Renó
El pasado 13 y 14 de abril se realizó en Lima la VIII Cumbre de las Américas, donde el tema oficial fue “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. Como una broma del destino, el encuentro se dio en Perú, un país en donde hace pocas semanas su entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski renunciaba, justamente, por denuncias de corrupción. Con él, ya suman 3 los ex presidentes peruanos perseguidos o condenados.
De hecho, en casi todos los países presentes en la Cumbre se siente el terremoto institucional provocado por el escándalo Odebrecht y otras causas similares.
En México, a meses de las elecciones presidenciales, el gobierno de Peña Nieto ha tenido que enfrentarse a denuncias e investigaciones en torno a otorgamientos de contratos para obra pública, compras de propiedades de los integrantes del gabinete y desvíos de fondos públicos que han dejado ya varios gobernadores presos y prófugos.
Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, se encuentra actualmente preso en EE.UU. y dos de sus hijos y tres exministros, acusados. El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, fue condenado por enriquecimiento ilícito. Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana, también fueron sacudidas por repetidas denuncias contra sus clases políticas.
La epidemia se extiende al cono sur. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado a seis años de prisión por su vinculación en torno a la polémica constructora brasileña. En Colombia, Uribe y Santos ambos han salido a defenderse contra denuncias de financiamiento ilícito de sus campañas. En Argentina, Cristina Kirchner y varios ex funcionarios afrontan hoy casusas por asociación ilícita y lavado de activos; el actual gobierno de Macri, también fue salpicado por el escándalo de los Panamá Papers y Odebrecht. En Brasil, un Temer que viene logrando bloquear las varias denuncias de corrupción en su contra y la imagen tal vez más fuerte y representativa de este azote continental: Lula en prisión por corrupción y lavado de dinero. Ni mencionar al blindado régimen de Nicolás Maduro.
Irónicamente, en este contexto, o debido a ello, se llegó al primer consenso después de 13 años alcanzado en estas Cumbres, el “Compromiso de Lima”. Los jefes de Estado presentes se comprometieron a fortalecer la gobernabilidad democrática, a promover políticas de transparencia y acceso a la información, a promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas, a impulsar medidas de contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, y a fomentar e impulsar la cooperación jurídica internacional, entre otros puntos.
Más allá de las medidas que se adopten a nivel nacional, clave es aquí el rol de la cooperación internacional como herramienta para combatir la corrupción a nivel regional. Prestar asistencia amplia y expeditiva entre autoridades judiciales, policiales, fiscalías y unidades de inteligencia financiera en investigaciones y procedimientos de esta naturaleza, promover el intercambio ágil de información, e impulsar medidas para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos son compromisos que no debemos dejar caer en letra muerta. Tal vez el flagelo común monte un escenario propicio para un trabajo en conjunto que permita avanzar esta agenda.
Dos oportunidades desaprovechadas en la Cumbre.
Una. Con la sentida ausencia de Maduro, desinvitado por el anfitrión, la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, fue uno de los temas centrales del encuentro. La condena enérgica de los grandes países de la región marcó definitivamente el fin de la era bolivariana y dejó en evidencia a una Venezuela cada vez más aislada. Sin embargo, no se llegó al consenso necesario para una resolución condenatoria y oficial contra el régimen de Maduro. El Grupo de Lima y EE.UU. firmaron un documento en donde se hace un llamado urgente al gobierno para que realice elecciones libres, justas, transparentes y democráticas, y donde ratifican que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad. Exigieron también a Maduro permitir el ingreso de ayuda humanitaria para mitigar las carencias del pueblo venezolano y se comprometieron a continuar impulsando desde el seno de la OEA, acciones que contribuyan a la restauración de la democracia en el país caribeño. Sin embargo, estos 16 países aún están lejos del número necesario para activar la cláusula democrática en dicho organismo.
Dos. Con una retórica despectiva, una política migratoria dura, llamadas telefónicas fallidas y medidas arancelarias de carácter proteccionista, la Cumbre le presentaba a Trump una oportunidad para intentar acercarse a la región, a una Latino América en donde tan sólo el 16% aprueba su gestión. Supervisar la respuesta estadounidense al ataque en Siria fue la razón esgrimida por el Departamento de Estado, y Pence viajó en su lugar, siendo la primera vez en la historia de las Cumbres que un presidente norteamericano no asiste al encuentro, y dejando una sensación de desaire entre muchos. Para tener en cuenta también, en esos días el FBI allanaba la oficina del abogado personal y confidente del presidente en búsqueda de pruebas que podrían llegar a involucrarlo en un caso de, oh también, corrupción.