Brasil, conocido como uno de los países con mayor tasa de crecimiento a nivel mundial en la última década, está hoy en crisis. Si bien esto no es ninguna novedad la situación parece tomar un camino sin punto de retorno. Si el estancamiento económico no era suficiente, la convulsión política que atraviesa al país no hace más que diezmar la ya frágil estabilidad social.
Tiempo atrás hubiera sido muy difícil imaginar que el PT (Partido de los Trabajadores) se encontraría frente a una situación crítica de tal magnitud: su líder indiscutible, Luiz Inacio Lula Da Silva, fue acusado formalmente bajo los delitos de lavado de dinero y fraude de identidad, tras ocultar una propiedad que habría obtenido al favorecer con contratos de Petrobras a una empresa constructora. Este hecho se sumaría a la desgastada imagen que la presidenta Dilma Rousseff obtuvo en los últimos meses, producto de haberse visto también envuelta en la causa de corrupción de Petrobras.
Pero, por si esto no fuera poco, hace menos de una semana Dilma nombró a Lula como su Jefe de Gabinete, cargo en el que permaneció una hora. La suspensión de sus funciones como Ministro se basó en la decisión del juez Mendes tras tener en su poder varios diálogos entre la presidenta y el ex presidente en los que se da a entender que su nombramiento como Ministro constituía una herramienta más para impedir que la causa vigente en su contra siguiera su curso ordinario. Esto no hizo más que continuar socavando la credibilidad del gobierno del PT: el mismo día en que se suspendieron las funciones de Lula como Ministro la Cámara de Diputados aprobaba la creación de una comisión especial para validar el inicio de un proceso de impeachment contra Rousseff.
Por último, el gobierno de coalición bajo el que se sustentaba el mandato de Dilma terminó de romperse en el día de hoy. El principal aliado del PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), manifestó su alejamiento del gobierno tras una reunión del Comité Nacional. Esto provoca un impacto altamente negativo en el ejecutivo ya que el PMDB anunció la retirada de sus ministros, encabezados ellos por el Vicepresidente Michel Temer. Sin embargo, la principal consecuencia de este quiebre para Dilma lo enfrenta en el Congreso: sin la ayuda de la bancada del, hasta hoy, su principal aliado político será casi imposible frenar el proceso de impeachment. De esta forma, un solo escenario se presenta cada vez más probable: el de la destitución de Rousseff y la asunción de Temer como presidente provisional por 180 días.
Al analizar los factores que condicionan la continuación de Dilma en el poder, el principal es el cada vez más escaso apoyo político. Tras la anunciada retirada del PMDB, el apoyo de otros partidos minoritarios de centro-izquierda también peligra ya que quieren evitar ser arrastrados por la inercia que provoca el hundimiento del PT, dejándolo así solamente con una bancada de 59 Diputados. No obstante, hay otro factor en juego: el rol que juegan el mercado financiero y el sector empresarial. Con la posibilidad del impeachment de Dilma cada vez más cercana, el mercado financiero respondió favorablemente con la suba.
Esta sucesión de hechos, que comenzó en Diciembre del año pasado -cuando por primera vez se apuntó contra Dilma Rousseff en la Operación Lava Jato- condujeron a una erosión de las instituciones políticas y, sobre todo, a una erosión de la democracia brasileña. El índice de aprobación de la presidenta no deja de caer, lo que se ve reflejado en las multitudinarias manifestaciones que tienen lugar durante los últimos días. El clima de polarización y tensión social está llegando a su punto máximo, entre los “petistas” y los que exigen el impeachment de Rousseff. Tras 13 años de gobierno del PT, el modelo social exitoso –ya que, según cifras oficiales, sacó a 28 millones de personas de la pobreza- propuesto y llevado adelante por Lula parece resquebrajarse. La sociedad pide un cambio frente al entramado de corrupción que rodea al poder ejecutivo, la justicia y la legislatura parecen avanzar en esa dirección.