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Por Matías Represas
Durante las últimas semanas se escuchó mucho debatir en los medios de comunicación y en las redes sociales en relación a cuál debería ser la postura argentina respecto de la posibilidad de entrar en una nueva cesación de pagos. El temor al no pago y a un futuro default junto con los problemas que esto acarrearía para la Argentina, son los puntos más presentes en el debate: dificultades en la financiación de las empresas nacionales al igual que en la financiación del gasto público, complicaciones en la acumulación de reservas a causa de la escasez de dólares. Sin embargo, ninguna de estas problemáticas, hijas del default, serían algo nuevo en una Argentina que, al igual que Sísifo, pareciera estar condenada a repetir su historia.
La relación argentina con el Fondo Monetario Internacional comienza en 1958 a partir de un préstamo de u$s 75 millones, concretado bajo el régimen de Pedro Aramburu. Este pequeño monto es el puntapié inicial de lo que será una relación tormentosa entre el país y el organismo de crédito. Es recién durante el periodo de la última dictadura militar el momento en el cual la relación FMI - Argentina adquiere una relevancia importante a la hora de pensar las finanzas argentinas. Fue entre los años 1976 y 1982 que Argentina sufrió un endeudamiento voraz que condicionó los márgenes de maniobra del Poder Ejecutivo en términos de política económica, al igual que las posibilidades de desarrollo económico durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
El problema surgió a partir del extraordinario ingreso de capitales extranjeros, que seducidos por una tasa de interés positiva y con un calendario de devaluaciones anunciadas, veían en Argentina un destino perfecto para generar rentabilidad a partir de inversiones financieras. De modo que en el momento en el cual estos grandes inversores percibieron que el riesgo a permanecer en el país fue mayor que la rentabilidad que las tasas de interés ofrecían decidieron migrar a mercados más seguros con las ganancias obtenidas, quedando el Estado argentino pobre y endeudado. Al mismo tiempo, a la deuda contraída con los privados hay que sumarle los diferentes préstamos de modalidad “Stand by” contraídos con el FMI, cuya función fue la de dotar de un monto de dólares al país para evitar un inminente desplazamiento de los capitales.
Frente al panorama de endeudamiento externo descrito anteriormente, fue el gobierno radical de Raúl Alfonsín quien sufrió las restricciones que implican las negociaciones de la deuda que, en aquel momento, no era posible pagar. El proceso de negociaciones se extendió durante todo el gobierno alfonsinista sin ningún éxito. Incluso Argentina estuvo al borde del default en varias ocasiones por el retraso en los pagos de intereses a acreedores privados externos. Sin embargo, en 1989, en medio de una crisis política y de una escalada de precios sin precedentes, el gobierno se vio obligado a declararse en default.
Ahora bien, con la asunción de Menem en 1989 y la puesta a punto de una renovación política y económica, la deuda externa finalmente es negociada con éxito a partir del acceso al plan Brady en los inicios de la década de 1990. Pero la implementación del plan económico conocido como convertibilidad y su necesidad intrínseca de dólares constantes para funcionar, llevó al Estado argentino a un nuevo proceso de endeudamiento. El constante aumento de las importaciones y la baja en las exportaciones dio como resultado un creciente déficit en la balanza de cuentas y los dólares comenzaron a escasear. Frente a este problema, la solución fue recurrir al endeudamiento con diferentes instituciones privadas y públicas que prometían dólares frescos, los cuales posibilitaron mantener vigente el modelo económico que tanto éxito político había traído al presidente Carlos Menem.
Sin embargo, hacia el 2000, el modelo se torna insostenible a raíz de la incesante fuga de divisas fundamentada en la creciente desconfianza de los mercados financieros en la capacidad de sustentabilidad y permanencia de la convertibilidad. Finalmente, ese mismo año, como forma de hacer frente a la problemática de las divisas, Argentina contrajo nuevamente un crédito “stand by” con el FMI por 21.933 millones de dólares, que sumado a diferentes préstamos de inversores (bancos y gobiernos) alcanzaba el monto de los 40.000 millones de dólares. Este nuevo ciclo de endeudamiento culminó, nuevamente, con la cesación de pagos en 2001.
El default se extendió hasta 2005, año en el cuál el gobierno de Kirchner logró con éxito la reestructuración del 76% de la deuda, y por ende salir del default. Al mismo tiempo, en 2010 se reabrió el proceso de reestructuración de la deuda con aquellos acreedores que habían rechazó la oferta en 2005.Esta nueva negociación, durante la presidencia de Cristina Kirchner, culminó con una reestructuración del 92.4% de la deuda, aumentando un 16.33% la cantidad de acreedores que ingresaron al canje. Por otro lado, recién en 2014, el año en el cual, luego de negociaciones por el refinanciamiento de la deuda en 2005 y 2010, Argentina se ve inmersa, nuevamente, en un default: la cesación de pagos acosó, una vez más, al país, a partir de la negativa de un grupo minoritario de acreedores (alrededor del 7.6%) de acceder al acuerdo redactado en las anteriores negociaciones.
Este grupo había conseguido el aval de la justicia norteamericana, de modo que la Argentina se encontraba obligada a pagar o bien negociar una mejora en el acuerdo. La postura nacional fue mantener la oferta estándar y negarse a pagar más de esto, razón por la cual se entró nuevamente en default. Sin embargo, durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2016, Argentina vuelve a salir del default mediante el acuerdo con los bonistas sobre una mejora en los pagos. Lo paradójico es que esta misma presidencia sería la que llevaría adelante, en 2018, un nuevo proceso de endeudamiento externo. Esta vez el monto contraído con el FMI fué de u$s 44.000 millones, y la razón que impulsó la toma del crédito fue la creciente partida de capitales extranjeros, a partir de la desconfianza de estos respecto a la solidez económica argentina.
Esta pequeña y breve historización de la deuda argentina durante los últimos 46 años nos deja algunas cuestiones merecedoras de una reflexión. En primer término, es importante marcar el carácter sistemático que adquiere esta práctica en Argentina desde el inicio de la última dictadura militar. Desde este punto, podemos ver que han existido períodos de endeudamiento extraordinario, miles de millones de dólares han ingresado al país vía mercados financieros y créditos con organismos internacionales como el FMI, pero este ingreso de divisas no se ha visto respaldado con una mejora sostenible de las condiciones de vida de la población general. Un ejemplo de esto se encuentra durante la década de 1990, con la implementación de la convertibilidad.
Argentina por fin había podido deshacerse de la inflación e incluso había comenzado un aumento sostenible de las exportaciones, sin embargo, la paridad del tipo de cambio, el famoso “uno a uno”, generó un abaratamiento increíble de los productos importados, al igual que del turismo en el exterior. Los argentinos que tuvieran algo de dinero podían sencillamente gozar de vacaciones en los destinos más exclusivos del exterior y acceder al mismo tiempo a bienes de consumo importados. Pero estas facilidades, estos beneficios aparentes del modelo económico de la convertibilidad, justamente generaron su caída. La necesidad de un flujo constante y cada vez mayor de divisas, frente a una salida de dólares en creciente aumento en base a la importación de bienes de consumo generaron un déficit cuyas únicas herramientas para saldar fueron el ingreso constante de inversiones financieras o bien, ingreso de dólares vía deuda externa. Ahora bien, cuando estos flujos se cortaron, la crisis financiera y económica se desató, causando un daño terrible a la población general, y terminó con los casi diez años de bienestar y conformidad general que la convertibilidad había brindado.
Un segundo punto a analizar cuando hablamos sobre grandes endeudamientos argentinos, es la tan indeseada consecuencia de perder la soberanía a la hora de implementar una política económica determinada. El FMI posee tasas de endeudamiento sustancialmente menores que los privados, pero con otro tipo de exigencias, las cuales se cristalizan en la obligación de presentar un plan económico consensuado, que vuelva sostenible el pago del crédito contraído. Este plan económico contiene una serie de políticas redactadas por el FMI que ponen, al menos en discusión, la plena soberanía económica de la Nación. El gobierno se verá obligado, si es que quiere acceder al crédito o reestructurarlo, a aceptar la mayoría de estos condicionantes, al igual que ponerse a disposición de los técnicos del FMI que trimestralmente monitorearán el grado de adecuación de la coyuntura respecto al plan económico diseñado.
Finalmente, hoy nos encontramos frente a un principio de entendimiento entre Argentina y el FMI a causa de la restructuración del crédito acordado en 2018. El acuerdo contempla desembolsos trimestrales por un total de u$s 44.500 millones durante el periodo de dos años y medio (2024), con el propósito de hacer frente a los vencimientos del anterior préstamo. Además de esto, es necesario considerar que Argentina recién comenzaría a pagar el último desembolso a partir de 2026, con un plazo máximo que se extiende hasta 2032. Este acuerdo lleva consigo algunos puntos a tener en cuenta: 1) el FMI realizará revisiones trimestrales previas al desembolso; 2) se espera que Argentina logre un déficit fiscal primario del 0.9% hacia 2024, partiendo de un déficit de 3% en 2021; 3) la emisión monetaria se reducirá progresivamente hasta el 0% en 2024; 4) las tasas de interés volverán a ser positivas; y por último, 5) no se consideran reformas estructurales.
La incógnita recae aquí nuevamente en Argentina y en su capacidad para honrar sus deudas. ¿Será éste el punto final de la tormentosa relación? ¿O descubriremos al final del camino que los preceptos del acuerdo no pudieron sostenerse y la sombra de un nuevo default se aparecerá?
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