.png)
En materia de inserción internacional, uno de los primeros objetivos trazados por el gobierno de Mauricio Macri fue el ingreso de la Argentina como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), gestión iniciada por el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Hoy esas intenciones están a punto de concretarse. Es que se espera que en julio el comité encargado evalúe las solicitudes de adhesión recibidas en los últimos meses, pedido formalizado mediante la entrega del Plan de Acción Argentina & OCDE 2016-2017 el pasado mes de abril durante la reunión del Consejo de Embajadores del organismo.
La OCDE es un grupo de “países ricos” conformado por 35 Estados –en su mayoría desarrollados-, cuya sede se encuentra en París. Fue creado en 1960 como sucesor de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) que tenía la finalidad de establecer los mecanismos de implementación de la ayuda recibida por parte de Estados Unidos durante el Plan Marshall. Con el correr de los años se fue ampliando para incluir a países de otras latitudes que busquen coordinar políticas económicas, políticas y sociales que beneficien a sus poblaciones. Es decir que si bien la OCDE no gestiona créditos –como otros organismos multilaterales, como el BID o el FMI-, sí se encarga de asesorar a las naciones acerca de buenas prácticas y otorga conocimiento, mediante recomendaciones, para que mejoren sus condiciones. Casos de éxito de pertenencia a este foro son Australia y Nueva Zelanda, que desde su inclusión han experimentado un crecimiento sostenido de su economía, junto con una mejora en la distribución del ingreso y en diversos indicadores que hacen a la calidad institucional de los países.
Junto a la Argentina, Brasil y Perú también han elevado solicitudes para ser considerados miembros plenos de la OCDE. Actualmente, por parte de América Latina, solo México y Chile forman parte de la organización, sumándose en 1994 y 2010, respectivamente; mientras que tanto Colombia como Costa Rica se encuentran en proceso de adhesión. Se estima que ese período puede demorar entre tres y cinco años e incluye la adaptación del marco legislativo necesario para cumplimentar con las exigencias del organismo. Por ejemplo, se espera que la Argentina formalice las reglamentaciones para cumplir con la Convención para Combatir el Cohecho, cuestión que se zanjaría al permitir el procesamiento de empresas y ciudadanos que entreguen sobornos en el exterior. Frente a este panorama, el Poder Ejecutivo presentó el año pasado ante el Congreso el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que aún no ha sido tratado en el parlamento. También se espera que el gobierno dé claras muestras de independencia de la justicia y del Ministerio Público Fiscal. Como estos, todos los requerimientos del organismo se encuentran contenidos en el mencionado Plan de Acción. Sumado a ello, países como España e incluso la canciller alemana, Angela Merkel, en su reciente visita a Buenos Aires ha expresado su apoyo a la solicitud argentina por lo que se espera una respuesta favorable al pedido en las próximas semanas.
Entre los indicios de que la Argentina será aceptada también podemos considerar la flamante admisión en la Agencia de Energía Nuclear (AEN), dependiente de la misma OCDE. Esto fue en reconocimiento al compromiso histórico del país con el uso pacífico de este tipo de energía y la capacidad de innovación demostrada dentro de ese ámbito. Asimismo, el gobierno argentino demostró un guiño sobre sus pretensiones frente a la OCDE cuando, ante la renuncia de Susana Malcorra como ministra de Relaciones Exteriores, designó a Jorge Faurie, un diplomático de carrera quien ocupó la embajada argentina en Francia (país que aloja la sede de la OCDE) y tiene una aceitada relación con los representantes de ese organismo.
Las intenciones de la Argentina de integrarse económicamente con el mundo son claras: entre otras medidas, se puede mencionar el recientemente lanzado programa PotenciAR que busca aumentar el nivel de transnacionalización de las empresas argentinas mediante instrumentos financieros (como créditos a tasa subsidiada y aportes no reintegrables) y no financieros (asistencias técnicas y gestiones ante organismos). Con este plan se espera aumentar el nivel de incidencia de la economía argentina en las cadenas de producción globales –muy atrasadas con respecto a otros países del continente-, mientras se aumentan las exportaciones, se ingresan utilidades generadas en el exterior y se afianzan los lazos con otros países.
Adicionalmente, se espera que en los próximos días el MSCI defina si el país deja de ser considerado un “mercado de frontera” para convertirse en un “mercado emergente”, lo que generaría un cambio profundo en las expectativas que las empresas tienen acerca de la Argentina, además de permitir a muchas de ellas invertir aquí porque tienen prohibido hacerlo en otro tipo de mercados. Estas esperanzas están reflejadas en la suba del 24% que muestra el MERVAL en lo que va del año, haciéndola una de las bolsas de mayor rendimiento a nivel global.
En definitiva, estos avances en materia de integración pueden parecer pequeños si se los considera de manera aislada, pero al sumarlos podemos advertir una tendencia ascendente en el poder relativo que la Argentina posee, visible no solo en las intenciones de aumentar el nivel de incidencia en las cadenas de valor, sino también en el potencial de liderazgo político del país como referente de otros pares. No es menor este indicador debido al contexto regional en el que estamos inmersos: con los considerados grandes emergentes latinoamericanos en una situación de crisis, se presenta una oportunidad de posicionarse como un interlocutor confiable entre países desarrollados y en vías de desarrollo.